Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público aprobaron, con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Amparo. La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca modernizar el juicio de amparo, garantizar su eficacia en la protección de derechos humanos y evitar su uso para frenar leyes o políticas públicas.
CDMX — El nuevo texto mantiene que los juicios en trámite seguirán su curso conforme a la legislación vigente al momento de su inicio, modificando la versión del Senado que pretendía aplicar las nuevas disposiciones de manera retroactiva. El dictamen fue avalado por mayoría en ambas comisiones y enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión en el Pleno.
Durante la exposición, el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la reforma busca “modernizar el juicio de amparo para hacerlo más accesible, ágil y transparente”, además de reforzar su función como herramienta de defensa de los derechos humanos. Entre los ejes principales mencionó: limitar los efectos generales de las suspensiones, fortalecer los mecanismos digitales y revisar los criterios de interés jurídico y legítimo.
Desde Morena, la diputada Mariana Benítez Treviño señaló que el amparo “debe volver a ser un instrumento de justicia, no una táctica dilatoria”, y anunció propuestas para perfeccionar el texto durante el debate en el Pleno. En la misma línea, Olga Sánchez Cordero propuso un artículo transitorio que garantice la implementación gradual del amparo en línea, con el fin de atender la brecha digital y asegurar igualdad en el acceso a la justicia.
El Partido del Trabajo respaldó la iniciativa al considerarla un paso hacia un sistema jurídico más moderno y equitativo. Reginaldo Sandoval Flores sostuvo que la digitalización de los procedimientos fortalecerá la protección colectiva y reducirá los abusos de litigantes que utilizan el amparo para detener políticas públicas. Asimismo, Mary Carmen Bernal Martínez defendió que la reforma “no elimina derechos, sino que establece reglas claras para evitar su uso desmedido”.
Las bancadas opositoras de PAN, PRI y MC consideraron que las reformas debilitan la esencia del amparo al restringir el interés legítimo y la suspensión. Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) afirmó que “se traiciona al pueblo al reducir sus defensas frente al poder”, mientras Emilio Suárez Licona (PRI) calificó los cambios como un “retroceso histórico” que limita la defensa de causas colectivas. Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) advirtió que millones de ciudadanos quedarán en desamparo frente a decisiones gubernamentales.
Por su parte, Gabriela Georgina Jiménez Godoy (Morena) insistió en que la reforma “preserva la esencia protectora del juicio de amparo” al eliminar prácticas abusivas y acelerar los tiempos procesales. Según dijo, el propósito es evitar que el amparo se convierta en un instrumento de obstrucción y garantizar que siga siendo una vía efectiva para proteger derechos humanos.
La reforma a la Ley de Amparo será discutida próximamente en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se presentarán reservas y votos particulares. Su aprobación definitiva marcará un nuevo equilibrio entre la defensa ciudadana y la operatividad del Estado en materia judicial.
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