Con casi 17 años de trayectoria en la educación, la maestra Olga López Fortiz denunció haber sido víctima de violencia laboral, acoso sindical y exclusión profesional dentro del CBTis 229 de Tehuacán, presuntamente por parte de directivos y otros docentes del plantel. ¿Evidencia de las prácticas de hostigamiento institucional que persisten en el sistema educativo técnico del estado?
Tehuacán, Pue. — De acuerdo con su testimonio, los conflictos comenzaron tras impulsar el proyecto escolar “Reforma Canina”, una iniciativa de bienestar animal reconocida ante el Congreso del Estado. Desde entonces —aseguró— comenzaron las actas administrativas sin fundamento en su contra, además de la falta de respaldo por parte de las autoridades del plantel y de algunos compañeros.
En los meses siguientes, López Fortiz fue objeto de suspensión de horas de clase, degradación de funciones y reubicaciones laborales injustificadas. Atribuye estas acciones al director Javier Reyes Sánchez y al comisionado estatal de la DGETI, Daniel Ruiz Olmos. El 17 de agosto fue asignada a un área inexistente dentro de la institución, por lo que se le ordenó permanecer en la biblioteca; sin embargo, posteriormente también se le negó el acceso a ese espacio, obligándola a permanecer en el estacionamiento del plantel, donde continúa tomando cursos de actualización mientras espera ser reincorporada.
La docente ha presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y la DGETI, sin recibir respuesta efectiva. También denunció la suspensión de su pago por antigüedad, derecho reconocido por la legislación laboral.
Finalmente, López Fortiz se deslindó de las acusaciones en su contra y pidió únicamente ser reinstalada en su cargo, correspondiente a 30 horas de clase semanales. Su testimonio refleja el aislamiento y desgaste que enfrentan muchos docentes cuando denuncian irregularidades dentro de los sistemas educativos federales.
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