México posee abundantes recursos naturales, una ubicación geográfica estratégica y una población joven, pero décadas de instituciones extractivas han transformado estas ventajas en un subdesarrollo persistente. La pobreza se mantiene estructuralmente, mientras un reducido grupo concentra riqueza y poder a costa del bienestar colectivo.
Mexconomy / RG Revista — El diagnóstico es claro: las instituciones extractivas concentran el poder político en élites que utilizan el Estado para transferir recursos hacia redes privadas, en lugar de fomentar mercados competitivos que impulsen innovación y crecimiento. En México, esta relación simbiótica entre élites políticas rotativas (PRI-PAN-Morena) y élites económicas permanentes se traduce en contratos sobrevalorados, asignaciones directas sin licitación y proyectos con costos inflados que benefician a oligarcas disfrazados de empresarios mientras afectan a la población presente y futura.
Casos emblemáticos, como el de Carlos Slim en telecomunicaciones, reflejan el impacto: entre 2005 y 2014, los precios artificialmente altos representaron una pérdida para la población de aproximadamente 129,000 millones de dólares (montos estimados). A nivel federal, el sobreprecio en contrataciones alcanza 72,000 millones de pesos anuales, mientras que en estados y municipios suma 140,000 millones (montos estimados). Los costos indirectos por infraestructura deficiente y pérdida de productividad agregan 350,000 millones (montos estimados), totalizando 562,000 millones de pesos anuales (2.2% del PIB). Este recurso podría generar un crecimiento adicional que llevaría a México al nivel de los tigres asiáticos.
El Mecanismo y su TrampaEl sistema se sostiene mediante un equilibrio político estable pero subóptimo: cada actor o grupo que intente reformar el estado de cosas enfrenta sanciones políticas, sabotaje económico y ataques mediáticos. La extracción se realiza desde asignaciones de obra, compras gubernamentales selectivas, asesorías, software sobrevalorado, y una lista enorme de conceptos que van transfiriendo riqueza sin generar valor social. Mientras los beneficios se concentran en unos pocos, los costos se diluyen entre millones de ciudadanos, generando incentivos opuestos al cambio.
El costo más profundo es humano: talento desviado de la innovación hacia el cabildeo, “emprendedores” que nunca fundaron empresas, productos que nunca se desarrollaron y conocimiento que nunca se aplicó. México enfrenta una generación que hereda un Estado debilitado por la corrupción y un sistema que premia la captura sobre la creación de valor.
El Punto de InflexiónComparaciones internacionales evidencian el contraste: Noruega convirtió su petróleo en un fondo soberano de 1.6 trillones de dólares, mientras que en México la deuda total de Pemex (incluyendo pasivos financieros y adeudos a proveedores) ha llegado a rebasar los 120 mil millones de dólares, según análisis de julio de 2025. Estonia desarrolló un gobierno digital eficiente por 200 millones de dólares; los 32 estados mexicanos gastaron 135,360 millones de dólares tan sólo en 2023, en sistemas fragmentados e ineficientes.
Las comparaciones internacionales pueden seguir, pero la historia es una: cada peso desviado hacia oligarcas disfrazados de empresarios es un peso robado a educación, salud e infraestructura. Cada contrato sin competencia es una sentencia de pobreza para las generaciones que ya están presentes y las que vienen. La retórica nacionalista sirve como velo para perpetuar un modelo extractivo que ha condenado al país al subdesarrollo durante décadas. México corrige o se hunde, y el reloj avanza.
Nota: Este reportaje está extraído y adaptado del texto "De las Instituciones Democráticas a las Instituciones Extractivas: el costo de la captura del Estado en México".
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