México proyecta captar 10.19 billones de pesos en 2026, un incremento de 891 mil 667 millones respecto al ejercicio anterior, según la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
Mexconomy — Sin embargo, la estructura de ingresos revela una creciente dependencia del endeudamiento y señales de agotamiento en la capacidad recaudatoria del Estado mexicano.
El documento aprobado por el Pleno exhibe una radiografía presupuestaria donde los impuestos —columna vertebral de cualquier economía sana— aportarán 5.84 billones de pesos, representando apenas el 57.3% del total de ingresos. Esta proporción, aunque mayoritaria, contrasta con la agresiva participación de los ingresos derivados de financiamientos, que alcanzarán 1.47 billones de pesos, evidenciando una estrategia fiscal que privilegia el endeudamiento sobre la ampliación de la base tributaria.
Las cuotas y aportaciones de seguridad social sumarán 641 mil 782 millones de pesos, mientras que los derechos —principalmente derivados de la explotación de recursos naturales— aportarán apenas 157 mil 81.7 millones, una cifra que refleja la disminución estructural de los ingresos petroleros que durante décadas sostuvieron las finanzas públicas mexicanas.
Particularmente preocupante resulta la categoría de contribuciones de mejoras, con un monto marginal de 39.6 millones de pesos, prácticamente testimonial en el contexto de un país que requiere inversión masiva en infraestructura urbana. Los productos gubernamentales alcanzarán 16 mil 488 millones, mientras que los aprovechamientos —ingresos no clasificados en otras categorías— sumarán 203 mil 520 millones.
El renglón de ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos proyecta 1.63 billones de pesos, consolidándose como la segunda fuente más importante después de los impuestos. Esta categoría incluye los ingresos de organismos y empresas paraestatales, cuyo desempeño comercial resulta crítico para sostener el equilibrio fiscal. Las transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, junto con pensiones y jubilaciones, completarán el cuadro con 232 mil 630 millones de pesos.
La trampa del endeudamiento
El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar endeudamiento neto interno hasta por 1.78 billones de pesos, una cifra que representa el 17.5% del total de ingresos proyectados. Esta dependencia del mercado de deuda doméstico genera presiones sobre las tasas de interés y desplaza potencialmente el financiamiento al sector privado, fenómeno conocido como crowding out en la literatura económica.
Más inquietante aún resulta la autorización de endeudamiento neto externo hasta por 15 mil 500 millones de dólares. En un entorno de fortalecimiento del dólar y volatilidad en los mercados internacionales, esta exposición cambiaria representa un riesgo sistémico para las finanzas públicas. Cada punto porcentual de depreciación del peso frente al dólar incrementa automáticamente el costo del servicio de esta deuda, generando un efecto cascada sobre el presupuesto.
La recaudación federal participable proyectada en 5.34 billones de pesos —recursos que se distribuyen entre la Federación, estados y municipios— resulta insuficiente ante las crecientes demandas de gasto en seguridad, salud y educación. Esta cifra equivale aproximadamente al 52% de los ingresos totales, dejando poco margen de maniobra para inversiones productivas o programas de desarrollo.
Señales de advertencia fiscal
El análisis granular de estas variables revela tres debilidades críticas. Primero, la erosión de la capacidad recaudatoria directa: mientras los impuestos crecen nominalmente, su peso relativo en el PIB permanece estancado, evidenciando la incapacidad del sistema tributario para incorporar a la economía informal y cerrar brechas de elusión fiscal.
Segundo, la creciente dependencia de ingresos no recurrentes. Los financiamientos, por definición, generan obligaciones futuras que comprometen presupuestos venideros. Este círculo vicioso —endeudarse hoy para pagar deudas de ayer— caracteriza a economías en situación fiscal precaria.
Tercero, la fragilidad ante choques externos. Con ingresos petroleros menguantes, base tributaria estrecha y alta exposición cambiaria, las finanzas públicas mexicanas permanecen vulnerables ante crisis internacionales, fluctuaciones en commodities o cambios en las condiciones financieras globales.
La Ley de Ingresos 2026 aprobada por los diputados no representa, en consecuencia, un instrumento de fortalecimiento fiscal, sino más bien la administración de una restricción presupuestaria cada vez más apretada. El incremento de 891 mil 667 millones de pesos respecto a 2025, aunque significativo en términos nominales, resulta insuficiente ante la inflación acumulada y las necesidades crecientes de una población de aproximadamente 131 millones de habitantes.
Los mercados financieros observarán con atención la ejecución de esta ley. Las calificadoras crediticias evaluarán si el gobierno logra contener el déficit dentro de los parámetros comprometidos.
El verdadero desafío no radica en cuánto dinero ingresa a las arcas públicas, sino en la calidad y sostenibilidad de esos ingresos. Y en ese terreno, la Ley de Ingresos 2026 ofrece más preguntas que respuestas, más riesgos que certezas.
Ley de Ingresos 2026
Estructura de Ingresos Federales
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