• 8.7 billones sin nuevos impuestos: la apuesta fiscal.
  • ¿El fin de las factureras? 54 mil millones robados: México declara la guerra a la evasión fiscal
  • Apuesta por la eficiencia fiscal sin nuevos impuestos
  • Financiar el desarrollo nacional sin aumentar la carga tributaria

Mexconomy [Artículo de Fondo + Infografía] — En la Comisión de Hacienda y Crédito Público, funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) delinearon ante los legisladores la arquitectura financiera que sostendrá al país durante 2026. La meta es ambiciosa pero clara: recaudar 8.7 billones de pesos sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes, un desafío que requiere reinventar la eficiencia del sistema tributario mexicano.

El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión, marcó el tono de la discusión con una premisa fundamental: "Nadie puede ni debe exceptuarse de pagar los impuestos". Sus palabras resonaron en el recinto como recordatorio de que la responsabilidad fiscal no es optativa, sino un mandato constitucional para contribuir al desarrollo nacional. El reto, sin embargo, no radica en presionar a quienes ya cumplen, sino en cerrar las compuertas por donde se escapa el agua del erario público.

Los números hablan por sí mismos. Al 30 de septiembre de 2025, la recaudación alcanzó 4 billones de pesos, superando en 2.3 por ciento la meta establecida y creciendo 6.9 por ciento en términos reales respecto al año anterior. El Impuesto Sobre la Renta aportó 203 mil millones de pesos adicionales, mientras que el IVA sumó 110 mil millones y el IEPS contribuyó con 48 mil millones más. Estos resultados no son casualidad: son el fruto de una estrategia que combina herramientas digitales, fiscalización efectiva y un combate frontal contra la simulación fiscal.

Carlos Gabriel Lerma Gotera, subsecretario de Ingresos, explicó que el Paquete Económico 2026 representa un incremento de 520 mil millones de pesos respecto al cierre estimado de 2025, equivalente a un crecimiento real de 6.3 por ciento. La propuesta contempla ingresos petroleros por 1.2 billones de pesos, sustentados en una producción de 1.79 millones de barriles diarios y un precio promedio de 54.9 dólares por barril. Pero el verdadero músculo financiero vendrá de los ingresos tributarios: 5.8 billones de pesos que, por primera vez en la historia, representarán el 15.1 por ciento del PIB.

Este logro histórico no surgirá de la nada. Requiere una batalla implacable contra el enemigo invisible de las finanzas públicas: las redes de facturación apócrifa que han saqueado sistemáticamente al erario. La procuradora Fiscal de la Federación, Gisel Galeano García, reveló cifras escalofriantes: entre 2022 y 2025, se presentaron 59 denuncias por más de 54 mil 698 millones de pesos defraudados. Solo en 2023, las factureras robaron 21 mil 700 millones de pesos. "Lo que se pretende es que nunca más la hacienda pública sea saqueada a través de simulaciones", declaró con determinación.

La reforma fiscal propuesta construye un andamiaje jurídico que faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para negar la inscripción en el RFC a empresas cuyos socios estén vinculados con redes fraudulentas. Cada factura deberá amparar operaciones existentes, verdaderas y reales. El mensaje es cristalino: se acabó la fiesta para quienes se esconden en lagunas legales.

María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda, contextualizó estos esfuerzos dentro de un panorama económico resiliente. Para 2026 se estima un crecimiento del PIB entre 1.8 y 2.8 por ciento, impulsado por inversión privada, consumo interno y el dinamismo exportador. El Plan México emerge como la estrategia para fortalecer cadenas de valor locales en sectores estratégicos: semiconductores, electromovilidad, farmacéutica, dispositivos médicos, petroquímica y aeroespacial.

La inversión pública será protagonista. El Presupuesto 2026 contempla un gasto en infraestructura física equivalente a 2.5 puntos del PIB, un crecimiento real de 9.7 por ciento. Entre los proyectos prioritarios destacan la expansión ferroviaria en los tramos AIFA-Pachuca y Querétaro-Irapuato, la modernización de corredores carreteros y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, hídrica y agrícola.

Gasto social y responsabilidad fiscal

El paquete propone un déficit de 4 por ciento del PIB y un nivel de deuda de 52.3 por ciento, cifras que buscan el equilibrio entre proveer recursos para programas sociales e inversión estratégica sin comprometer la sostenibilidad. La inflación ha regresado al intervalo de variabilidad del Banco de México, acumulando cinco quincenas consecutivas por debajo del 4 por ciento.

En materia de financiamiento, el gobierno privilegiará el endeudamiento interno en moneda nacional a tasa fija y largo plazo, con énfasis en instrumentos sostenibles. Se establece un techo de endeudamiento interno neto de 1 billón 780 mil millones de pesos y externo de 15 mil 500 millones de dólares. Durante 2025 se refinanciaron 723 mil millones de pesos de deuda interna y se realizaron operaciones en el mercado externo por 6 mil 94 millones de dólares, reduciendo en 85 por ciento las amortizaciones previstas para 2026.

Un capítulo controvertido pero necesario es la actualización del IEPS en bebidas azucaradas y tabaco. Galeano García lo planteó sin rodeos: "Aumentar la cuota no es recaudar más, sino salvar vidas. Cada peso que se encarece en un refresco es una oportunidad para que un niño decida no consumirlo". La salud pública se convierte así en instrumento fiscal y los recursos generados se destinarán a mitigar los efectos de estos productos en el bienestar social.

La Comisión tiene hasta el 20 de octubre para dictaminar el paquete en su vertiente de ingresos públicos. Altamirano subrayó que el debate está abierto a todas las voces: "Si hay propuestas formales que ayuden a mejorar las finanzas públicas y fortalezcan la equidad, hay que darles la bienvenida". El llamado es a enfocarse en las coincidencias, no en las diferencias partidarias.

Al cierre de la reunión, quedó claro que México enfrenta una encrucijada histórica. El país puede seguir permitiendo que la evasión y la elusión fiscal drenen recursos que deberían financiar educación, salud e infraestructura, o puede dar el salto hacia un sistema tributario del siglo XXI: digital, eficiente, implacable con los defraudadores y justo con quienes cumplen. La decisión está en marcha y los próximos días en el Congreso definirán si 8.7 billones de pesos se quedan en papel o se convierten en hospitales, escuelas, carreteras y oportunidades para millones de mexicanos.

Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, lo resumió con una frase que podría convertirse en el epitafio de la vieja cultura fiscal mexicana: "Acudimos nuevamente al Congreso para solicitar su contribución en la construcción de una legislación que permita a la autoridad fiscal continuar con su labor de ente fiscalizador y vigilante del cumplimiento de las obligaciones". La pelota está en la cancha legislativa. El tiempo dirá si el Congreso está a la altura del momento histórico.