El proceso judicial contra el empresario poblano Miguel Ángel N., exdirectivo del grupo SRS, continúa abierto luego de que la audiencia celebrada la madrugada de este miércoles fuera diferida para las 19:00 horas, momento en que se prevé la lectura de la sentencia.
Tehuacán, Pue. — De acuerdo con información oficial, Miguel Ángel N. enfrenta acusaciones por presuntos delitos financieros y abuso de poder, derivadas de una denuncia interpuesta por familiares de su hermano fallecido, Alfonso Celis Romero. Los denunciantes lo señalan por presuntas presiones y maniobras económicas que habrían afectado el patrimonio familiar.
Durante la audiencia nocturna, se reportó la presencia de 11 elementos de seguridad privada vinculados al empresario, lo que generó tensión en el recinto. Fuentes judiciales interpretaron este despliegue como un posible intento de intimidación hacia el Ministerio Público y el equipo legal de la parte denunciante, motivo por el cual se reforzaron las medidas de seguridad.
Horas antes, el empresario fue trasladado al penal de Tehuacán, donde testigos lo describieron visiblemente afectado. En el exterior, su personal de seguridad habría intentado obstaculizar el trabajo de medios de comunicación, situación que fue controlada por las autoridades.
La investigación forma parte de una querella en curso que busca esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos y decisiones dentro del grupo empresarial SRS. Este no es el primer señalamiento contra Miguel Ángel N., quien ha estado implicado previamente en controversias financieras y acusaciones de abuso de poder que, aunque no derivaron en sanciones, afectaron su reputación empresarial.
De manera extraoficial, trascendió que Olga Lucía García Crespo, dirigente estatal de Morena y pariente del acusado, podría tener conocimiento de una carpeta penal previa relacionada con hechos anteriores. No obstante, hasta el momento no se ha emitido pronunciamiento oficial al respecto.
La audiencia reprogramada para las 19:00 horas de este miércoles será determinante para definir el avance del proceso y podría marcar un precedente en la justicia local.
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