Con 76 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Amparo que redefine uno de los pilares del sistema jurídico mexicano. La iniciativa introduce el uso obligatorio de herramientas digitales y precisa el alcance del interés legítimo, en una actualización que busca adaptar esta figura de protección constitucional a la era tecnológica.
CDMX — A más de siete décadas de su última transformación profunda, la Ley de Amparo vuelve al centro del debate legislativo. La reforma, enviada a la Cámara de Diputados, plantea una reconfiguración procesal al establecer la equivalencia jurídica entre expedientes electrónicos y físicos, garantizando —según el dictamen— certeza, uniformidad y eficiencia en los juicios promovidos contra actos de autoridad.
El proyecto conserva elementos fundamentales del diseño original del amparo, pero los ajusta a un entorno digital y fiscal más complejo. Entre los puntos centrales, se ratifica la facultad para sancionar a servidores públicos que incumplan resoluciones judiciales, descartando que las multas se carguen al Estado o a la sociedad. Además, se precisan las formas de garantía del interés fiscal para acceder a suspensiones en casos relacionados con créditos firmes.
En la discusión particular, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, presentó una reserva al primer transitorio que determina que los casos en trámite se ajustarán a las nuevas disposiciones. Argumentó que no se trata de una medida retroactiva prohibida por el artículo 14 constitucional, sino de una adecuación para asegurar coherencia procesal en el tránsito entre el modelo tradicional y el digital.
“Esta reserva no altera derechos adquiridos ni modifica la esencia del juicio de amparo”, subrayó Huerta Ladrón de Guevara, quien defendió que la intención es evitar que la figura sea usada para dilatar la ejecución de sentencias, sobre todo en materia fiscal. Su propuesta fue aprobada en votación económica, consolidando la versión final del dictamen.
Desde la oposición, legisladores del PAN y PRI expresaron preocupación por los posibles efectos de la reforma en la seguridad jurídica. Verónica Rodríguez Hernández (PAN) afirmó que la medida reduce las posibilidades de defensa de los ciudadanos, mientras Carolina Viggiano Austria (PRI) advirtió que alterar las reglas en procesos ya iniciados vulnera garantías procesales esenciales.
El debate sobre la Ley de Amparo evidenció una tensión entre una aparente modernización vs. garantía de derechos. Aunque la reforma se presenta como una actualización técnica, su alcance redefine la relación entre el ciudadano y el Estado en la defensa judicial frente a actos de autoridad. En su nueva etapa, el amparo “digital” plantea interrogantes sobre su capacidad para mantener la función garantista que lo ha distinguido desde el siglo XIX.
0 Comentarios