La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la mayoría de las desapariciones en México están relacionadas con el crimen organizado y no constituyen una práctica “generalizada y sistemática” del Estado, como señaló recientemente el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED).

CDMX — Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que las desapariciones que hoy enfrenta el país son producto de la delincuencia, no de la represión política o de acciones directas del gobierno. “No es la violencia del Estado, como fue en los 60, 70 e incluso parte de los 80”, enfatizó la mandataria.

Sus declaraciones se producen después de que el CED activara un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el objetivo de determinar si en México las desapariciones tienen carácter generalizado o sistemático.

Sheinbaum aseguró que el contexto actual “es muy distinto” al de las desapariciones con motivaciones políticas que marcaron la historia del país en décadas pasadas. “No era la desaparición con motivos políticos que hubo en nuestro país, donde activistas o integrantes de movimientos armados fueron desaparecidos sin juicio legal”, explicó.

La presidenta subrayó que, si bien la problemática requiere atención urgente, debe distinguirse la naturaleza de las causas: “Claro que hay que atenderlo, y por eso las modificaciones legales y el trabajo institucional, pero es distinto, y eso queremos que quede claro ante Naciones Unidas”.

Sheinbaum reiteró que su administración mantiene un diálogo abierto con organismos internacionales y busca que la ONU reconozca la diferencia entre las desapariciones forzadas de carácter político del pasado y las asociadas hoy al crimen organizado. “Eso se ha manifestado varias veces y seguimos trabajando con ellos para que sea reconocido de esta manera”, apuntó.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula más de 133 mil reportes de desapariciones desde la década de 1950, con un aumento de más de 5 mil casos en el último trimestre. El desafío, reconocen organismos civiles, radica en establecer responsabilidades claras y fortalecer los mecanismos de búsqueda y justicia.

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