La exsecretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, María Teresa Castro Corro, fue declarada responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones. El fallo la inhabilita por 20 años para ocupar cargos públicos y le impone una multa de 362.9 millones de pesos.
Puebla de Zaragoza, Pue. — El Poder Judicial del Estado de Puebla confirmó la sanción contra quien fuera una de las funcionarias más poderosas del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas resolvió el expediente 134/2024-PRA-SERA-2, fechado el 30 de septiembre de 2025, y concluyó que Castro Corro incurrió en irregularidades graves durante su gestión al frente de las finanzas estatales.
La resolución, firmada por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino, establece que la exsecretaria destinó recursos públicos de manera negligente, provocando un daño patrimonial de más de 604 millones de pesos. El fallo también recalca que esos fondos debían ser utilizados en servicios para beneficio de la población poblana.
El caso se originó en junio de 2021, cuando la entonces funcionaria autorizó transferencias millonarias del erario estatal hacia Accendo Banco, una institución en riesgo financiero que quebró meses después. En abril de 2023, Castro Corro reconoció públicamente la operación, pero el proceso judicial se mantuvo abierto hasta la actual sentencia.
Más allá del fallo, lo que exhibe este caso es la distancia entre el discurso anticorrupción y la práctica del poder. Con un salario mensual de 59 mil 646 pesos y gratificaciones de 31 mil 223 pesos, Castro Corro acumuló ingresos por poco más de 4.2 millones de pesos en casi cuatro años de gestión. Sin embargo, en menos de dos años adquirió bienes inmobiliarios por más de 9 millones de pesos, incluyendo una casa de contado por 5.79 millones apenas seis meses después de dejar el cargo.
El gobernador Alejandro Armenta instruyó en junio de 2025 reabrir la investigación y recuperar los recursos desviados. Su discurso de “cero tolerancia, cero impunidad” se pone a prueba con un caso que toca el corazón del viejo aparato barbosista, donde los números —como suele ocurrir— desnudan mejor que las palabras.
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