El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, generó reacciones en cadena en los sectores empresarial y político. La Concanaco exigió justicia y un combate real a la delincuencia, mientras que empresarios y legisladores de oposición denunciaron omisiones y falta de resultados en la estrategia de seguridad nacional y estatal.
Uruapan, Mich./CDMX — La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) manifestó su “profunda consternación e indignación” por el “cobarde asesinato” del alcalde de Uruapan, ocurrido durante un evento público. En un comunicado, la organización advirtió que el crimen refleja “una triste y dolorosa realidad: México necesita acciones inmediatas contra la delincuencia”.
“Ni siquiera la investidura de un presidente municipal, ni los elementos de seguridad que lo acompañaban, fueron suficientes para frenar la violencia brutal que hoy enluta a una comunidad entera y alarma a todo un país”, señaló la Concanaco, al tiempo que exigió al Gobierno federal y al de Michoacán esclarecer el caso “sin simulaciones ni discursos vacíos”.
La confederación empresarial también urgió a reforzar las medidas de seguridad para funcionarios y ciudadanos, subrayando que la violencia “asfixia el desarrollo económico, debilita las instituciones y siembra miedo”. Concluyó su postura confiando en que haya “acciones reales, justicia efectiva y un compromiso verdadero por parte del Estado mexicano”.
El ataque contra el edil, ocurrido durante el encendido de velas en el centro de Uruapan, dejó además dos personas detenidas y un agresor abatido por fuerzas de seguridad, según reportes de la autoridad local.
El empresario Ricardo Salinas Pliego también reaccionó al crimen con mensajes en redes sociales, vinculando el asesinato de Manzo con otros hechos violentos recientes, como el del abogado David Cohen Sacal y el productor de limón Bernardo Bravo Manríquez. “Cada día estamos peor con la corrupción, la violencia y la impunidad”, escribió el presidente de Grupo Salinas, quien mantiene un conflicto fiscal con el Gobierno federal. “No necesito mencionar ningún nombre, todos saben quiénes son los culpables”, añadió.
En el ámbito político, legisladores de oposición responsabilizaron a los Gobiernos federal y estatal por la falta de resultados en materia de seguridad. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó a los gobernadores de “omisión e indolencia” y señaló que “en Michoacán no hay gobierno local”.
“Las y los gobernadores no participan en la seguridad; están enfocados en ser populares y mantener el clientelismo electoral. Pesa el legado de Andrés Manuel López Obrador de ‘abrazos, no balazos’, que ha servido como justificante para no combatir a los criminales”, declaró Moreira. Además, pidió al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla “evaluar si está capacitado para seguir al frente del estado”.
Por su parte, el diputado panista Federico Döring calificó el homicidio como “un crimen de Estado”, asegurando que Carlos Manzo fue víctima de la indiferencia del Gobierno federal. “No le arrebató la vida el crimen organizado, se la arrebató la falta de ayuda del Gabinete de Seguridad”, declaró. “Durante meses pidió protección para enfrentar al crimen, pero el Gobierno prefirió abrazar a los delincuentes antes que a quienes los enfrentaban”.
Las declaraciones de la oposición se suman a una creciente presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad, en medio de una ola de violencia que ha afectado a autoridades municipales, productores agrícolas y líderes sociales en Michoacán.
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