La propuesta de restablecer la tenencia vehicular en todo el país surge como una medida recaudatoria que impactaría directamente a las familias con automóvil, especialmente a las de ingresos medios, en un contexto donde las finanzas estatales siguen dependiendo de impuestos inmediatos y poco progresivos.
CDMX — La iniciativa presentada por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena, apunta a reinstalar la tenencia vehicular en las 32 entidades, pese a que en 15 estados —entre ellos Puebla— este cobro ha sido sustituido por mecanismos menos onerosos, como el denominado Control Vehicular. El legislador expuso su idea durante un foro de Finanzas Públicas celebrado recientemente, señalando que la medida permitiría fortalecer las finanzas locales y elevar la inversión en servicios públicos e infraestructura.
Aunque la justificación institucional se presenta como una vía para impulsar la recaudación estatal y municipal, el trasfondo de la propuesta es abiertamente fiscal: la reposición de este impuesto podría generar hasta 76 mil millones de pesos adicionales, según estimaciones mencionadas en el foro. Sin embargo, la discusión omite el costo social y político de reactivar un gravamen históricamente cuestionado por su impacto desproporcionado en quienes dependen del automóvil para trabajar, estudiar o desplazarse en ciudades donde el transporte público sigue siendo insuficiente.
El contexto actual sitúa a las clases medias como el sector más expuesto a esta modificación tributaria. En estados donde la tenencia fue eliminada, se tomó como reconocimiento de una carga excesiva que, durante años, no se tradujo en mejores servicios públicos ni en infraestructura vial significativa. La intención de Morena de uniformar el cobro en toda la República abre nuevamente el debate sobre la calidad del gasto público, la transparencia en el uso de recursos y la falta de alternativas reales de movilidad.
En el caso de Puebla, la sustitución de la tenencia por el Control Vehicular había sido presentada como una forma de alivio fiscal y simplificación administrativa. El retorno de un impuesto más elevado supondría un retroceso respecto a acuerdos previos entre gobierno y contribuyentes. La propuesta, por ahora, mantiene más preguntas que respuestas: cómo se garantizaría que esta recaudación extraordinaria no se diluya en estructuras burocráticas, qué mecanismos de rendición de cuentas acompañarían la medida y por qué insistir en impuestos de fácil cobro en lugar de construir sistemas progresivos que realmente reflejen la capacidad económica de los contribuyentes.
El planteamiento de Ramírez Cuéllar vuelve a colocar a los automovilistas en el centro de un problema fiscal del Estado y exhibe la persistente apuesta del gobierno federal y Morena por buscar ingresos inmediatos en sectores amplios de la población, en lugar de explorar reformas estructurales de mayor y mejor alcance.
0 Comentarios