Más de 40 demandas buscan frenar el alud de acciones ejecutivas de Trump. La batalla legal contra la "presidencia imperial" del magnate ya inició y podría ser el único obstáculo a su dominio político absoluto. 🔒🇺🇸
InfoStockMx - Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha lanzado una serie de acciones ejecutivas que han provocado una oleada de litigios. Fiscales generales estatales, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro han presentado más de 40 demandas en los tribunales federales, desafiando medidas que, según ellos, trastocan el sistema de controles y equilibrios de la Constitución.
A diferencia de su primer mandato en 2017, en el que hubo protestas en las calles y resistencia desde el Congreso e incluso dentro del Partido Republicano, esta vez el freno a Trump sólo se observa venir desde el poder judicial.
Las primeras resoluciones en los tribunales han limitado, al menos temporalmente, varias de las medidas impulsadas por Trump. Entre las acciones suspendidas se incluyen:
- Eliminación de la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU.
- Transferencia obligatoria de reclusas transgénero a prisiones masculinas.
- Divulgación de identidades del personal del FBI que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
- Presión sobre empleados federales para aceptar "renuncias diferidas" en plazos reducidos.
- Congelación de hasta 3 billones de dólares en gasto interno.
El juez Carl Nichols, nominado por Trump, anunció una orden que impide la licencia administrativa de 2,200 empleados de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional y frena el retiro masivo de su personal en el extranjero.
Por otro lado, el juez John D. Bates, nominado por George W. Bush, rechazó la solicitud de un grupo de sindicatos para impedir que el equipo de Elon Musk acceda a datos del Departamento de Trabajo, marcando la primera victoria judicial de Trump en este periodo.
En un revés para la administración, el juez Paul A. Engelmayer, designado por Obama, emitió una orden que restringe el acceso del equipo de Musk a los sistemas financieros del Departamento del Tesoro, argumentando que su acceso podría provocar "daño irreparable". Además, ordenó la destrucción de cualquier copia de datos descargados y prohibió el acceso futuro a este sistema.
Al lado de Trump, el papel de Elon Musk dentro de la administración ha sido motivo de controversia. Desde la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), su equipo ha obtenido acceso a información sensible en al menos 17 agencias federales, incluyendo el Departamento de Educación y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Trump ha defendido esta participación, argumentando que busca eliminar trabas burocráticas, aunque críticos advierten sobre los riesgos de permitir que una figura con intereses privados tenga injerencia en datos estratégicos del gobierno.
Además, el equipo de Musk ha estado involucrado en incidentes que han avivado el debate. Marko Elez, un asistente cercano, renunció tras ser acusado de publicaciones racistas en X, pero fue reincorporado por Musk, quien además presionó para despedir al periodista que reportó el caso. Otro miembro del equipo, Edward Coristine, fue despedido de una pasantía en 2022 por presunta filtración de datos en una empresa de seguridad, y ahora ocupa un puesto clave dentro de DOGE.
El próximo 14 de febrero, Trump, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el Departamento del Tesoro deberán presentar sus argumentos ante la jueza Jeannette A. Vargas, quien analizará las acusaciones sobre el acceso de Musk a información confidencial del gobierno.
Mientras crece la incertidumbre sobre la verdadera dimensión de la influencia de Musk en la administración federal, la batalla legal apenas comienza. La pregunta es ¿Trump, imparable? El poder judicial estadounidense tiene la última palabra.
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