Dos escándalos, dos respuestas distintas. Mientras Julia Abdalá recibe depósitos millonarios de prestanombres de García Luna sin repercusiones inmediatas, el descongelamiento de cuentas de Inés Gómez Mont desata la indignación del Gobierno. ¿Doble rasero en la UIF?
InfoStockMx - El tratamiento de la corrupción y el lavado de dinero en México sigue marcado por contradicciones evidentes. Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la presidenta Claudia Sheinbaum condenan con firmeza la liberación de las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo, el caso de Julia Abdalá, quien recibió millones de dólares de los Weinberg, principales operadores financieros de Genaro García Luna, avanza sin una respuesta política del mismo nivel.
En el caso de Gómez Mont, la UIF bloqueó sus cuentas por sospechas de fraude y lavado de dinero. Sin embargo, un tribunal federal determinó que la orden no tenía sustento legal suficiente, lo que permitió que la exconductora y su esposo recuperaran acceso a sus recursos. Sheinbaum tachó esto de corrupción judicial y prometió reformas legales para evitar que casos similares se repitan.
En contraste, el caso de Julia Abdalá se mantiene en la fase de investigación, sin que hasta ahora haya medidas similares. A pesar de que los fondos que recibió provienen de una red vinculada a delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la respuesta gubernamental ha sido más discreta. La UIF incluyó las transacciones en su demanda civil en Florida, pero el silencio político en torno a este caso resalta en comparación con la indignación mostrada por la administración actual en el caso Gómez Mont.
Más allá de las cifras, lo que queda en el ojo público es que el actuar del gobierno ante posibles actos de corrupción no es uniforme. El discurso de combate a la impunidad parece depender más de la identidad de los involucrados que de la gravedad de los hechos. Mientras en Morena las estructuras de la 4T comienzan a crujir con el escándalo de Abdalá, la administración federal opta por señalar jueces en lugar de revisar con la misma intensidad los casos que podrían incomodar a sus propios aliados.
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