Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett y exgobernador de Puebla, recibió depósitos millonarios de la familia Weinberg, señalada como cómplice de Genaro García Luna en operaciones ilícitas. La investigación en curso podría sacudir los cimientos del Gobierno de la 4T.

InfoStockMx - Una red de transferencias millonarias y nombres influyentes vuelve a encender las alarmas al interior del grupo en el poder (Morena). Entre julio de 2012 y mayo de 2017, Julia Elena Abdalá Lemus recibió en sus cuentas personales 2.64 millones de dólares, mientras que 1.89 millones de dólares fueron canalizados a Roybell International Inc, una offshore panameña bajo su control.

En total, 4.5 millones de dólares, equivalentes a más de 120 millones de pesos actuales, fluyeron desde los Weinberg, la familia acusada de operar como prestanombres de García Luna.

El periodo en cuestión no es menor. Durante esos años, Manuel Bartlett, pareja de Abdalá Lemus, ejercía como senador plurinominal del Partido del Trabajo, alineado con el movimiento que más tarde consolidaría a la 4T en el poder. Las implicaciones de este vínculo van más allá de un simple cruce financiero: ¿se benefició el círculo cercano a Bartlett de estructuras creadas para desviar recursos del erario?

Julia Abdalá, originaria de Puebla, conoció aquí al entonces gobernador Bartlett, quien más tarde se convertiría en un actor fundamental del actual Gobierno. Su conexión con los círculos de poder en la entidad agrega un matiz local al escándalo, que podría tener repercusiones políticas directas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación en torno a estas transacciones, como parte de la demanda civil interpuesta en 2021 en una corte de Florida. El objetivo: rastrear y recuperar los fondos saqueados a las arcas públicas mediante el esquema de corrupción operado por García Luna y sus socios.

Más allá de los montos, la pregunta persiste: ¿qué papel jugó Abdalá en este entramado financiero? La cercanía con Bartlett y su papel dentro del Gobierno de la 4T convierten este caso en una bomba política de consecuencias impredecibles. Mientras tanto, las paredes de la 4T en Puebla comienzan a crujir.