Mientras millones de litros de gasolina cruzan ilegalmente desde Estados Unidos a México en un esquema de huachicol fiscal, el Senado elige aplaudir a las aduanas mexicanas, exaltando su “compromiso con la legalidad” en lugar de rendir cuentas por el colosal boquete fiscal y de seguridad que ello representa.
CDMX - La escena parece calcada de una república que premia la narrativa en vez del resultado. En el clímax de un escándalo por contrabando de combustibles —denominado ya como huachicol fiscal—, un grupo de senadores decidió condecorar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) por su “vocación de servicio” y su “defensa de la soberanía económica”. Las cifras hablan de millones de litros de gasolina ingresando de forma ilegal desde Estados Unidos a México, evadiendo impuestos y burlando la supuesta vigilancia estratégica de las aduanas.
Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, no dudó en definir a las aduanas como “la primera línea de defensa” del país frente al crimen organizado. Pero, ¿cómo justificar entonces que esa misma primera línea haya permitido el ingreso masivo de combustible sin control fiscal? La pregunta no se formuló, y en su lugar, se ofrecieron elogios y frases huecas sobre “transparencia” y “compromiso con la legalidad”.
La senadora Olga Patricia Sosa fue más allá, celebrando que la ANAM cuadruplicó los ingresos fiscales del comercio exterior en tiempo récord. La contradicción es flagrante: mientras las aduanas presuntamente mejoran sus ingresos, se reporta simultáneamente uno de los episodios de contrabando energético más significativos de los últimos años, lo que sugiere que los controles fallan justo donde deberían ser más rigurosos.
Las palabras de Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM, intentaron proyectar una imagen de modernización y eficacia. Mencionó operativos que aseguraron 18 millones de litros de diésel y decomisos de armas y drogas. Pero esos mismos decomisos, por más espectaculares que sean, no anulan la realidad de un sistema permeado por la corrupción y la ineficiencia estructural. La eficacia se mide por lo que se evita, no por lo que se detecta tarde.
En este teatro político, las senadoras y senadores de Morena defendieron una institución bajo sospecha sin presentar una sola cifra independiente que respalde sus dichos. Hablaron del comercio exterior como si operara bajo parámetros escandinavos, sin reconocer la fragilidad del sistema aduanero que permite que miles de millones de pesos en combustible circulen por el país sin pasar por una sola aduana legal.
La ceremonia cerró con la voz de Georgina Estrada Aguirre, presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras, quien habló de “perfiles multidisciplinarios” y “transformación de fronteras”, como si el problema fuera técnico y no político. Mientras tanto, los verdaderos operadores del huachicol, con redes binacionales, siguen abasteciendo el mercado ilegal a plena luz del día.
La omisión fue escandalosa: ningún senador mencionó la investigación abierta sobre las rutas de gasolina ilegal ni la responsabilidad directa de funcionarios aduaneros que habrían facilitado el esquema. Se prefirió construir una narrativa épica sobre la ANAM, en lugar de enfrentar el hecho de que, en este momento, México no controla sus fronteras fiscales ni energéticas.
El Senado de la República, lejos de ser un contrapeso, se ha convertido en un foro de legitimación para instituciones en crisis. Los aplausos a las aduanas mexicanas son, en este contexto, más que un desatino: son una ofensa a la inteligencia fiscal del país.
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