Ernesto Zedillo rompe el silencio una vez más con una advertencia frontal: la reforma judicial promovida por López Obrador y respaldada por Sheinbaum no solo es inconstitucional, sino el instrumento final de una demolición institucional en México. Su respuesta expone además omisiones históricas, obras fallidas y una peligrosa narrativa de poder sin rendición de cuentas.
CDMX - En un contexto político cada vez más polarizado, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León ha reaparecido con un mensaje que incomoda al poder omnímodo. A través de un artículo en la revista Letras Libres y con una carta abierta que circula ampliamente, Zedillo acusa de forma directa al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, de haber destruido los cimientos de la democracia mexicana.
La acusación tiene un ancla clara y fuerte: la reforma judicial impulsada por López Obrador y que, a decir de Zedillo, fue aprobada con violaciones a la Constitución. Para él, esta reforma no es un acto aislado, sino la culminación de un proceso sistemático de concentración de poder bajo el control del partido Morena. “La democracia, construida con décadas de participación ciudadana, ha sido anulada”, escribe Zedillo, quien responsabiliza directamente al presidente saliente y su partido de esta regresión institucional.
Pero la denuncia no se detiene ahí. El exmandatario señala que la reacción del gobierno, lejos de ofrecer argumentos, ha sido la descalificación personal. Sheinbaum —afirma— ha respondido con “calumnias e insultos”, replicando el estilo que López Obrador popularizó desde el poder. Según Zedillo, esta estrategia confirma el vaciamiento del debate público en México, donde se evita discutir razones y se privilegia la propaganda.
El texto también responde a las críticas recurrentes que el obradorismo ha dirigido al sexenio de Zedillo, especialmente al rescate bancario de 1995. En ese frente, el expresidente recuerda que dicha intervención fue clave para evitar una catástrofe económica tras la crisis de 1994. Subraya que el rescate fue auditado por organismos independientes y aprobado por el Congreso, algo que —en contraste— no ha sucedido con los megaproyectos del actual gobierno.
Zedillo propone aplicar ese mismo nivel de escrutinio a tres obras clave del lopezobradorismo:
1. El aeropuerto de Texcoco: Cancelado sin justificación técnica, su destrucción implicó un costo millonario para el erario y la pérdida de beneficios logísticos y económicos de largo plazo.
2. La refinería de Dos Bocas: Su construcción, señala Zedillo, carece de una justificación sólida y ha sido marcada por sobrecostos.
3. El Tren Maya: Denuncia no solo el desequilibrio entre costos y beneficios económicos, sino también el daño ecológico irreparable causado por su trazo y ejecución.
Zedillo excluye de esta lista el manejo de la pandemia de COVID-19, pero aclara que ese capítulo ya ha sido evaluado con rigurosidad por organismos independientes, revelando una gestión “incompetente y criminal”.
Más allá de la defensa personal, el texto de Zedillo es un llamado a revisar con criterios objetivos —no ideológicos— los actos del poder. En una democracia funcional, afirma, las obras públicas deben ser auditadas con transparencia, los funcionarios deben rendir cuentas, y los debates deben centrarse en hechos, no en discursos vacíos ni en linchamientos mediáticos.
La respuesta del expresidente, lejos de ser una anécdota nostálgica, se inscribe en la disputa actual por el rumbo de México. Su mensaje es claro: no hay transformación válida si se basa en la mentira, la destrucción institucional y el desprecio por la verdad.
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