El caso de Cuautempan que ha escalado a nivel nacional, no solo revela la presunta colusión de un edil con actividades criminales. Expone, con crudeza, una brecha de seguridad que puede, potencialmente, afectar la gobernabilidad y que el secretario de Gobernación de Puebla no ha querido o no ha podido cerrar.
El 9 de mayo, fuerzas federales y estatales realizaron cateos en propiedades del alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero (Morena-PT), donde se aseguraron armas, drogas, cartuchos útiles y vehículos. De inmediato, el edil fue considerado prófugo de la justicia. Las acusaciones incluyen cobros ilegales a comerciantes, robo de mercancía a transportistas, y distribución de estupefacientes.
Ante estos hechos, la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Olga Romero Garci-Crespo, emitió un comunicado tardío el 11 de mayo. En él, expresó su respaldo a las instituciones y negó encubrimientos. Sin embargo, lo cierto es que Gerardo Cortés fue reelecto en 2024 con el aval de esa misma dirigencia, pese a denuncias previas de actividades criminales, nepotismo, opacidad y exceso patrimonial durante su primer mandato.
Pero si la responsabilidad política de Romero Garci-Crespo concluyó con la toma de protesta de los ediles electos, la del gobierno estatal apenas comenzaba. Y es aquí donde la figura del secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, cobra relevancia.
Tras su larga experiencia en la administración pública, él debería saber que la Secretaría de Gobernación de Puebla no es un florero. Debe releer la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal: su titular es responsable de mantener la relación política con los municipios, garantizar la estabilidad interior del estado y supervisar la actuación de las autoridades locales. Para ello, cuenta con una red de delegados de gobernación (y agentes) distribuidos en todas las regiones.
¿Cómo es posible que ningún delegado advirtiera lo que en Cuautempan era un secreto a voces? ¿Por qué no se activaron protocolos de supervisión cuando el edil y sus cercanos ostentaban bienes que difícilmente podrían justificar? ¿Cómo es que Gobernación estatal no detectó ni contuvo a tiempo esta presunta operación criminal local?
Flaco “favor” le hace Gobernación al gobernador Alejandro Armenta
Los municipios de Puebla no solo enfrentan rezagos: en muchos casos, enfrentan captura institucional. Ediles jefes de bandas huachicoleras y huachigaseras, constructoras ligadas a presidentes municipales que intercambian obra pública entre ayuntamientos por fuertes moches (u obras simuladas), esposas de ediles que adquieren camionetones, terrenos y casas en efectivo, y familias completas que convierten los gobiernos en empresas privadas. Y todo eso se sabe, (algunos “ex” por cierto están en la administración pública estatal), es “vox populi”. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación guarda silencio.
El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que su administración “no protege ni persigue” a ediles, y que su actuación se rige por la legalidad. Sí, está bien, pero la pregunta no es si protege. La pregunta es por qué la maquinaria estatal bajo la responsabilidad de Gobernación, encargada de la vigilancia política de los municipios, está fallando sistemáticamente.
Cuando el Estado no ve ni escucha lo que todos saben, algo está fallando. Hay simulación. Delegados que no informan, y si informan, una secretaría que no actúa, lo que permite que en Puebla los presidentes municipales operen sin contrapesos ni controles reales. Y cuando eso ocurre, el Estado se ve comprometido.
Una peligrosa brecha de seguridad institucional está abierta. El caso Cuautempan es solo el más reciente síntoma de una enfermedad que corroe a Puebla.
0 Comentarios