Puebla de Zaragoza, Pue.- Así resume Rafael Saldaña Granda lo que ha sido su lucha de casi dos décadas por recuperar un predio de más de 90 mil metros cuadrados en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla capital. El terreno, ubicado a la orilla del río Atoyac y adquirido en subasta pública al IMSS en 1987, hoy es parte de una intrincada red de compraventas, escrituras anuladas, hipotecas sobre posesiones ajenas y una expansión misteriosa de superficie territorial —todo ello en favor de una empresa inmobiliaria cuyos socios incluyen al actual secretario de Economía del estado: Víctor Gabriel Chedraui.
La historia parece una ficción burocrática. Pero está sustentada en documentos oficiales, carpetas judiciales, y sobre todo, en una pregunta de fondo: ¿cómo puede el Estado permitir que el patrimonio de cientos de familias sea arrastrado por un conflicto legal armado con mapas falsos, escrituras simuladas y sentencias emitidas por los mismos jueces en juicios contradictorios?
El predio “La presa y la ladera”, con una extensión de 92,395 m², fue adjudicado legalmente a Saldaña Granda tras una subasta pública, como consta en el Diario Oficial de la Federación del 31 de octubre de 1987. Durante años lo ocupó y defendió con escrituras inscritas. Hasta que en enero de 2003 fue —según su testimonio— despojado por un grupo armado, con respaldo de una escritura “apócrifa” en manos de Margarita Rosete Nava.
Desde entonces, el predio ha pasado por una cadena de compraventas que involucran a la Inmobiliaria Abka (propiedad de Ernesto Gabriel Chedraui, hermano del actual secretario), a la Constructora San Marón y, finalmente, a la Constructora e Inmobiliaria Snow-Covered Volcano, cuyo socio es el propio funcionario estatal.
El punto central del litigio es un documento cartográfico sin folio catastral, sin validación del Registro Público de la Propiedad, pero que fue aceptado en tribunales. En él, el predio de Margarita Rosete Nava —que originalmente medía 1,004 m²— aparece ahora expandido a 207 mil m². La expansión incluye colonias enteras, la Clínica 14 del IMSS y áreas donde viven hoy decenas de familias que podrían quedar despojadas si se da validez jurídica al plano alterado.
Para expertos registrales consultados, esto constituye una violación directa al principio de seguridad jurídica. El Artículo 2018 del Código Civil Federal establece la protección al tercero adquirente de buena fe. En este caso, el inflado de superficie con fines especulativos podría configurar un fraude registral si se prueba la intención dolosa y la colusión notarial.
Otro elemento crítico es la actuación del juez César Iván Bermúdez Minutti, quien resolvió múltiples juicios relacionados con el mismo terreno. Primero declaró nula la escritura de Saldaña. Luego validó la escritura de Rosete. Más tarde avaló la posesión de la empresa del secretario. Todo en distintos años, pero con el mismo funcionario judicial.
El hecho de que se haya juzgado con base en documentos cuya autenticidad está en duda, y con el mismo juez implicado, pone en entredicho el principio de debido proceso. Como advierte una exmagistrada federal consultada por este medio: “una sentencia firme basada en falsedad material no puede generar certeza jurídica. Puede ser impugnada en cualquier momento por afectación continua.”
La réplica del poder: “yo no hice nada indebido”
En su derecho de réplica, publicado en El Financiero, Víctor Gabriel Chedraui negó haber incurrido en tráfico de influencias o despojo. Reconoció ser socio de Snow-Covered Volcano, pero afirmó que la empresa adquirió el predio legalmente y que las acusaciones en su contra son “infundadas y lesivas a su honor”.
También alegó que Saldaña no pudo acreditar su propiedad en tres juicios previos. Pero omitió referirse a la validez del plano falso, ni a la hipoteca inscrita por Snow-Covered Volcano sobre un predio en posesión ajena —una figura que podría configurar un acto simulado con fines de ocultamiento patrimonial.
Si se reconoce como válido el plano de 207 mil metros cuadrados, elaborado sin autorización catastral, colonias enteras de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas podrían quedar dentro de un predio privado. La tenencia de la tierra de cientos de familias quedaría en entredicho. No solo está en disputa el terreno de Saldaña Granda: el conflicto ha reactivado otros reclamos en zonas como Sanctorum, Cuautlancingo, donde también se acusa un patrón de despojo similar.
Para los vecinos, el mensaje es claro: el gobierno de Puebla tiene dentro a un funcionario cuya empresa es juez y parte en un conflicto que los podría dejar sin casa. Nadie los ha consultado. Nadie les ha ofrecido certeza jurídica.
La denuncia penal presentada por Saldaña incluye falsificación, despojo y simulación de actos jurídicos. Aunque la carpeta de investigación avanza, el juez determinó que el delito prescribió. Pero expertos en derecho penal argumentan que los efectos jurídicos del despojo continúan, y por tanto, la prescripción no aplica en estos casos de afectación continua.
El caso pone a prueba la integridad institucional de Puebla. Si se permite que predios enteros sean modificados con planos falsos, validados por notarios complacientes y legitimados por jueces repetitivos, entonces ningún ciudadano tiene garantía sobre su patrimonio. El problema no es solo de Saldaña. Es del sistema que permite que el poder se convierta en papel… y el papel, en despojo.
Resumen técnico del caso: predio “La presa y la ladera”
- 1987: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) subasta públicamente el predio “La presa y la ladera”, de 92,395.34 m², ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, Puebla. El terreno es adjudicado a Rafael Saldaña Granda e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
- 2003: Saldaña denuncia haber sido despojado mediante violencia por terceros encabezados por Margarita Rosete Nava, quien presenta una escritura de 1,004 m². Posteriormente se presenta un plano ampliado a 207,000 m² (sin folio catastral ni validación oficial) en el que se incluye el terreno de Saldaña y otras propiedades colindantes.
- 2006–2022: Se inician múltiples juicios civiles y mercantiles. Destaca la actuación del juez César Iván Bermúdez Minutti, quien interviene en tres procesos clave: nulidad de escritura de Saldaña, reconocimiento de propiedad de Rosete, y validación de compra posterior por parte de la empresa Snow-Covered Volcano.
- Cadena de transmisiones patrimoniales: De Rosete Nava, el predio pasa a la Inmobiliaria Abka (Ernesto Gabriel Chedraui), después a Constructora San Marón y finalmente a Snow-Covered Volcano S.A. de C.V., empresa en la que figura como socio el actual secretario de Economía de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui.
- Escrituras contradictorias: Coexisten diversas escrituras que cubren el mismo terreno, con fechas y firmas notariales distintas. La empresa Snow-Covered Volcano hipoteca ante BBVA un predio que no ocupaba ni estaba libre de conflicto judicial, lo que podría configurar un acto jurídico simulado.
- Implicaciones registrales: El plano base que sustenta las transmisiones está elaborado fuera del sistema catastral. Según expertos, vulnera los principios de legalidad, certeza registral y fe pública. La ampliación artificial de superficie podría constituir fraude registral, falsedad documental y colusión notarial.
- Denuncia penal: Saldaña presentó denuncia por falsificación, despojo, y simulación de actos jurídicos. Aunque existe una carpeta de investigación activa, se dictaminó la prescripción del delito. Especialistas argumentan que la afectación es continua y, por tanto, no prescribe.
- Riesgo estructural: Si se valida jurídicamente el plano sin folio oficial, más de 200,000 m² quedarían bajo un nuevo título de propiedad. Esto afectaría colonias completas, predios institucionales (como la Clínica 14 del IMSS) y a decenas de familias que nunca fueron notificadas. Se vulneraría el principio constitucional de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
- Conflicto de interés público: La participación directa del actual secretario de Economía de Puebla como socio en la empresa beneficiaria plantea posibles violaciones al principio de imparcialidad y al artículo 108 constitucional, que prohíbe a los servidores públicos intervenir en negocios privados que impliquen conflicto de interés.
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