La frontera se cierra para Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. El gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. La medida ocurrió días después de que se conociera que su esposo y funcionario estatal, Carlos Torres Torres, también fue objeto de la misma acción.
Baja California - En una publicación cargada de emoción y respaldo político, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, vinculó directamente ambas decisiones: “Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado”. Añadió que, aunque desconoce los motivos específicos, confía en que la situación se aclarará: “Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”.
La gobernadora aprovechó para ofrecer una defensa pública de su esposo: “Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y es político”. Con esto, dejó entrever que el caso no es solamente privado, sino de interés público. Su mensaje cierra con una reafirmación de liderazgo: “Gobernar mi estado es un orgullo... con mi conciencia tranquila”.
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California se apresuró a respaldar a su gobernadora: “Fue elegida por el pueblo y ha gobernado con resultados, cercanía y amor por esta tierra”, señalando que la revocación del visado es simplemente un “tema administrativo”.
Sin embargo, la narrativa oficial no ha bastado para disipar las dudas. Carlos Torres, su esposo, aseguró que la revocación de sus documentos migratorios obedece a disposiciones internas del Departamento de Estado y negó estar bajo investigación en México o Estados Unidos. Pero el silencio institucional y la falta de explicaciones claras alimentan las especulaciones sobre posibles vínculos con estructuras criminales que operan en la región fronteriza.
Hasta el momento, no existe información oficial que confirme una investigación penal. Pero la coincidencia en la revocación de visas a una figura importante del gabinete estatal y a la propia gobernadora obliga a considerar la gravedad diplomática y política del asunto. El PAN de Baja California exigió que la mandataria transparente si existen señalamientos públicos que justifiquen la acción del gobierno estadounidense.
La gobernadora señaló que la medida se da en un “contexto binacional complejo”, pero no detalló a qué se refiere. Lo que sí resulta evidente es que los gobiernos locales en la franja fronteriza están bajo creciente vigilancia y presión diplomática, especialmente en un momento donde el narcotráfico, la corrupción administrativa y las estructuras paralelas de poder han vuelto a escalar en la agenda bilateral.
¿Puede una revocación de visa ser un hecho meramente administrativo cuando involucra a la titular del Ejecutivo estatal? ¿O estamos frente a un nuevo caso donde las acciones diplomáticas del país vecino revelan lo que las instituciones mexicanas prefieren ocultar?
El mensaje de Marina del Pilar se construye desde lo personal, pero omite responsabilidades públicas. El respaldo moral a su esposo no sustituye la rendición de cuentas. En un entorno donde la línea entre lo familiar y lo político es cada vez más difusa, el uso del discurso afectivo aparece como una cortina que elude lo esencial: ¿por qué el gobierno de Estados Unidos decidió actuar contra la pareja más poderosa de Baja California?
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