Lo que inició como una denuncia ciudadana en redes sociales, terminó revelando una práctica corrupta dentro del propio gobierno municipal: dos trabajadoras de la Dirección de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla fueron captadas extorsionando negocios en Plaza Pabellón Las Torres
Puebla de Zaragoza, Pue.— El caso, aunque aparentemente resuelto con un simple despido, deja más preguntas que respuestas sobre los controles internos del gobierno municipal, los derechos de los comerciantes y la profundidad del esquema ilegal.
Las mujeres señaladas, María Fernanda Llegas y Rosario Gómez, portaban credenciales oficiales emitidas por el propio Ayuntamiento. Con ellas, acudieron a la plaza comercial donde exigieron a diversos locatarios "apoyos" que iban de 5 mil a 7 mil pesos, bajo la amenaza de clausuras por 45 días y multas de hasta 90 mil pesos, si no se cumplían con supuestas “normativas pendientes”.
Lo que las víctimas relataron fue una rutina de extorsión sistemática, disfrazada de supervisión oficial, en la que las trabajadoras hacían uso de su investidura pública para intimidar, negociar y cobrar.
El caso cobró notoriedad luego de que comerciantes afectados decidieran exponer los hechos en redes sociales. Fue entonces que, presionado por la exhibición pública, el gobierno municipal reaccionó. El director de Normatividad, José Germán Jiménez, fue directamente señalado por los locatarios para que confirmara si las extorsionadoras eran parte de su personal y tomara medidas.
En un comunicado posterior, el Ayuntamiento de Puebla informó que ambas trabajadoras habían sido dadas de baja, sin precisar si enfrentan alguna denuncia penal o sólo una sanción administrativa.
Como parte de la respuesta institucional, se llevó a cabo una reunión encabezada por la contralora Dulce Lilia Rivera Aranda, el director de Normatividad José Germán Jiménez y Germán Velázquez Herrera, jefe del Departamento de Investigación de la Contraloría municipal. De ahí, se derivó la apertura de un expediente de investigación, con la promesa de aplicar “las sanciones conforme a la ley”.
Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si habrá cargos penales ni si se investigará una posible red interna que haya permitido o encubierto este esquema de extorsión. Tampoco se ha informado si otros negocios fuera de Pabellón Las Torres fueron víctimas de las mismas prácticas.
La Dirección de Normatividad del Ayuntamiento de Puebla, ya han sido objeto de críticas por su débil fiscalización interna y opacidad. Si dos trabajadoras pueden operar impunemente con credenciales oficiales, ¿cuántos más podrían estar haciendo lo mismo en otras zonas comerciales de la ciudad?
El uso discrecional del poder regulador convierten a Normatividad municipal en un arma de chantaje antes que en un instrumento de orden. Y cuando el remedio institucional es solo el despido silencioso, sin una verdadera rendición de cuentas, se corre el riesgo de normalizar el delito bajo la máscara de la burocracia.
Por ahora, el Ayuntamiento ha optado por una respuesta contenida, casi técnica. Pero los comerciantes esperan más que un comunicado: quieren garantías de que su trabajo no será rehén de inspectores corruptos ni de estructuras institucionales que permiten —y a veces fomentan— estos abusos.
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