La revocación de las visas estadounidenses a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, sacudió el tablero político de la frontera norte. En medio de declaraciones ambiguas y un intento de control de daños, la narrativa oficial se desmorona: documentos filtrados y testimonios de funcionarios revelan una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a empresarios y políticos.
InfoStockMx - Fue en una garita de Tijuana donde el relato cambió. Carlos Torres, intentó cruzar a San Diego. Ahí, un agente del CBP detectó una alerta en el sistema. Le pidieron pasar a segunda revisión. No hubo escándalo, pero sí un mensaje contundente: visa revocada, entrada denegada. Según la versión del propio Torres, fue notificado por canales oficiales. Según el periodismo, lo enfrentó en la línea fronteriza, sin previo aviso.
Poco después, su esposa, la gobernadora Marina del Pilar, publicó un escueto comunicado donde también aceptó haber sido notificada por el consulado estadounidense. No lo dijo abiertamente, pero era evidente: ella también perdió su visa. Las razones, hasta entonces, permanecían ocultas bajo el manto de las “disposiciones internas” del Departamento de Estado.
La historia no terminó en redes sociales. Según documentos obtenidos por Pie de Página y testimonios verificados por ZETA Tijuana, la pareja está bajo la lupa del gobierno estadounidense por su presunta participación en una red de lavado de dinero. La investigación —abierta desde 2024— no tuvo consecuencias visibles hasta el último fin de semana de abril, cuando funcionarios del vecino país tomaron acción.
Durante el Tianguis Turístico de Rosarito, la gobernadora aprovechó su cercanía con agentes estadounidenses para pedir un favor extraordinario: que no se comunicaran las acciones en su contra al consulado mexicano y que no se hiciera público. Temía una filtración a los medios. La solicitud fue registrada en una relatoría oficial.
Los agentes le respondieron con claridad: tanto ella como su esposo estaban señalados por su presunta participación en una red de funcionarios, empresarios y miembros del crimen organizado —en específico, del Cártel de Los Rusos— dedicada al lavado de capitales en Baja California.
Las reacciones públicas no tardaron. En redes sociales, Torres Torres habló de un “procedimiento administrativo” sin consecuencias legales. Marina del Pilar replicó un discurso similar. Luego, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se apresuró a respaldar a la gobernadora, repitiendo la línea: “No hay acusación ni señalamiento formal”.
Pero los hechos apuntan en otra dirección. La periodista Adela Navarro, directora de ZETA, fue clara: “Es la primera vez que se le retira la visa a un mandatario en funciones. No se trata de una medida ligera”. Según fuentes estadounidenses citadas por ZETA, la pareja no dijo la verdad. Además, las investigaciones incluyen vínculos con operaciones de huachicol detectadas en Ensenada y Tecate, con predios vinculados a exsenadores de Morena.
El caso no se explica sin contexto. Baja California enfrenta una crisis estructural de seguridad, con redes de tráfico de huachicol, fentanilo y migración irregular operando con presunta protección institucional. Los decomisos recientes muestran un patrón: el crimen organizado no opera sin apoyo estatal. El retiro de visas es la señal inequívoca de que Washington investiga.
Torres Torres ha contratado abogados para intentar revertir la revocación. Marina del Pilar guarda silencio. Pero más allá de los gestos jurídicos, el golpe político es profundo: Estados Unidos no revoca visas de altos funcionarios sin pruebas sustanciales. El retiro de ese pequeño documento representa algo más grande: la ruptura de una confianza diplomática y la sospecha de que, en Baja California, el poder y el crimen caminan juntos.
La historia apenas comienza. Y esta vez, los silencios hablan más que los comunicados en redes sociales.
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