La tragedia estructural del estado no está en las grandes obras inconclusas ni en las promesas incumplidas, sino en la descomposición silenciosa y sistemática de los municipios. Bajo gobiernos corruptos, caciquiles y, en varios casos, abiertamente criminales, los gobiernos locales en Puebla están aniquilando toda posibilidad de desarrollo.
Puebla de Zaragoza, Pue.- El crimen institucionalizado se refleja en casos como el de Cuautempan, como síntoma del estado. La devastación no es fortuita: es fruto de un sistema que permite, protege y normaliza el saqueo.
Revisemos: La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP), apoyada por fuerzas federales, cateó varios inmuebles en Cuautempan y Ahuacatlán, donde decomisó drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos. Las propiedades pertenecen al actual presidente municipal, Gerardo Cortés Caballero, y a su padre, ambos integrantes de un grupo político que controló el municipio en distintos periodos y que, más recientemente, se sumó a la 4T bajo las siglas del PT.
Se investiga una red delictiva basada en cobro de piso, robo a transportistas y narcomenudeo. El edil está desaparecido. Lo que en otros países sería considerado crimen organizado, en Puebla se oculta bajo el eufemismo de "gobierno local".
Alejandro Armenta, gobernador del estado, declaró: "Ni los protegemos ni los promovemos. Solo defendemos a la población." Así, evita asumir costos políticos por haber recibido una estructura de poder regional basada en pactos informales, impunidad e ilegitimidad clientelar.
Este mismo distanciamiento discursivo lo aplicó en el caso de Coyomeapan, donde los pobladores acusan a la diputada Araceli Celestino y a su hermano David de haber orquestado el asesinato de un activista en Tehuacán.
Los actos, algunos criminales, de los ediles, no son únicamente del tipo gansteril. El principal problema es el saqueo sistemático de las arcas municipales. En el pasado proceso electoral, 97 presidentes municipales buscaron la reelección. 46 ganaron. De estos, 43 tienen observaciones por posible daño patrimonial, según la Auditoría Superior del Estado (ASE). La cifra revela una verdad incómoda: la reelección municipal en Puebla se ha convertido en un instrumento de continuidad del saqueo.
Los casos son escandalosos. Chalchicomula de Sesma, gobernado por Uruviel González Vieyra, no pudo comprobar el uso de 37 millones 572 mil pesos, destinados a nómina y apoyos sin documentación. En Zautla, el alcalde Marco Antonio Alejo arrastra 42 observaciones por más de 5.7 millones. La lista incluye también a Santiago Miahuatlán y Tlachichuca, donde los montos no comprobados superan los 3 y 4 millones de pesos, respectivamente. Pero estos son casos someros, observables en la superficie. Si se hiciera un seguimiento profundo, cualquiera encontraría daños patrimoniales a los municipios verdaderamente escandalosos.
Las familias del poder municipal,son más que el nuevo cacicazgo camuflado de pluralismo. En los hechos son el “talón de Aquiles” de Puebla.
El poder local en Puebla no solo es corrupto, sino hereditario. Por ejemplo, los hermanos González Vieyra —Uruviel, Giovanni y Ramiro— fueron alcaldes de Chalchicomula, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, todos bajo diferentes partidos. La alternancia fue pura fachada. Se trató de un mismo clan operando en tres municipios. Hoy, dos están detenidos y uno sigue prófugo. El mismo patrón se observa en innumerables municipios: diferente partido, mismas mañas.
Este patrón se repite en múltiples regiones: dinastías municipales que capturan recursos, manipulan elecciones, y mantienen un control social férreo mediante programas clientelares o, en los casos extremos, a través del miedo y la violencia.
Esto sucede porque prácticamente la rendición de cuentas es optativa.
El problema no es solo la corrupción, sino su expectativa de impunidad. Los alcaldes actúan con la certeza de que la rendición de cuentas es una formalidad administrativa, no una amenaza real para sus conductas como servidores públicos. El control político sobre órganos de fiscalización, la debilidad unipartidista del Congreso local, y la falta de sanciones efectivas, permiten que el saqueo se institucionalice.
Esta cultura de manejo discrecional del presupuesto es funcional: financia reelecciones, sostiene redes de lealtad, y crea una economía paralela donde el dinero público se convierte en capital político y patrimonio personal.
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Pero hay que decir que lo que ocurre en Puebla no es una excepción, sino el espejo más nítido de una enfermedad nacional. La degradación de los municipios es el punto más vulnerable del Estado mexicano: ahí donde confluyen el presupuesto, el poder territorial y la ausencia de vigilancia efectiva. La 4T prometió regeneración y transformación. Hoy, en cientos de municipios, lo que avanza es la degeneración de las administraciones públicas y la continuidad del saqueo pero con nuevas siglas.
Si el gobernador Alejandro Armenta no toma una posición más firme —no solo legal, sino política— contra estas estructuras, su gobierno quedará acotado. Para entonces la historia lo juzgará no por lo que heredó, sino por lo que permitió que continuara.
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