Baja California se ha convertido en un enclave estratégico para el crimen organizado. El caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres Torres revela cómo redes políticas y familiares operan en ambos lados de la frontera con Estados Unidos.
Mexicali, BC - En el centro de la investigación: tráfico de combustible, operaciones financieras ilícitas y el supuesto ocultamiento de fosas clandestinas. La “narcofrontera” ya no es sólo un concepto criminal; es también una estructura de poder encubierta desde el gobierno estatal.
En abril de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. revocó las visas tanto de la gobernadora Marina del Pilar como de su esposo, Carlos Torres Torres. Aunque éste afirmó que se trataba de un “asunto administrativo”, fuentes diplomáticas confirmaron al semanario ZETA de Tijuana que la decisión forma parte de una investigación federal contra Carlos Torres por presuntos vínculos con crimen organizado y lavado de dinero.
Según funcionarios estadounidenses, no es Marina del Pilar quien aparece como sujeto directo de investigación, sino su cuñado Luis Alfonso Torres Torres, exadministrador de la aduana de Tijuana durante el sexenio de Felipe Calderón y con historial en el PAN.
En México, los hermanos Torres Torres enfrentan una carpeta de investigación por delitos que incluyen:
- Tráfico de combustible (huachicol)
- Daño patrimonial a la nación
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Evasión fiscal
- Delincuencia organizada
La investigación se habría intensificado tras un decomiso masivo de combustible robado el pasado 26 de marzo en Ensenada. La red criminal implicada movía hidrocarburos desde EE.UU. a México a través de la frontera sin obstáculos, gracias al control de Torres Torres sobre las aduanas. Este esquema de tráfico binacional posiciona a Baja California como un corredor criminal con respaldo político y acceso institucional.
Pero el punto de quiebre político no fue el huachicol, sino una fosa clandestina. Según un testigo colaborador, al menos 20 cuerpos estarían enterrados en Las faldas del Cerro Venustiano Carranza, en la zona de Las Carretas, Tijuana. El hallazgo fue confirmado en abril por agentes estatales de seguridad tras la confesión de un narcomenudista.
Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la búsqueda fue detenida apenas tres días después, con solo tres cuerpos exhumados. De acuerdo con fuentes dentro de la Mesa de Seguridad del estado, la orden de frenar la excavación provino directamente de Marina del Pilar, quien habría dicho a la fiscal general María Elena Andrade que no quería “un Teuchitlán” en Baja California, en referencia al escándalo de fosas descubierto en Jalisco.
El presunto encubrimiento de una fosa clandestina por parte de una gobernadora estatal encendió las alarmas en Washington. Funcionarios del Departamento de Estado consideran esta obstrucción como un hecho grave, y ello explicaría la revocación de la visa a Marina del Pilar, algo que rara vez ocurre contra mandatarios en funciones.
La gobernadora, según fuentes de ZETA, habría actuado no sólo por razones políticas, sino para proteger los intereses criminales de su esposo y su cuñado. De confirmarse, se trataría de una red de cooptación institucional que va desde las aduanas hasta el propio palacio de gobierno.
Operación encubierta estadounidense
El pasado 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum negó públicamente que existan listas de narcopolíticos mexicanos bajo observación en EE.UU., calificando de “rumores”. Sin embargo, esa misma semana se confirmó la cancelación de visas a figuras clave, incluido el caso de Baja California.
Fuentes de ProPublica y el periodista Tim Golden revelaron la existencia de una célula dentro de la Casa Blanca, dirigida por Anthony Salisbury y supervisada por Stephen Miller, que recopila expedientes sobre políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico. Esta estrategia incluye cancelación de visas, congelamiento de cuentas y sanciones administrativas sin necesidad de pasar por tribunales.
El expresidente Donald Trump, está al tanto y ha declarado que el gobierno mexicano colabora con los cárteles, y ha propuesto enviar tropas a territorio mexicano. Afirmó que la presidenta Sheinbaum no lo permite porque “tiene miedo de los cárteles”. Mientras tanto, el Departamento de Estado actúa por su cuenta, aplicando sanciones y bloqueos a políticos sin necesidad de cooperación oficial mexicana.
Este nuevo tipo de castigo —similar al aplicado a políticos de Venezuela o Centroamérica— deja claro a los Estados Unidos que la frontera entre crimen organizado y poder político en México es cada vez más tenue, y que Baja California se ha convertido en uno de sus centros más preocupantes.
El caso de los Torres Torres y la gobernadora Marina del Pilar Ávila revela una posible conexión entre el crimen organizado, el aparato fiscal-aduanero y el poder político estatal. El encubrimiento de una fosa clandestina, el tráfico de combustible y la obstrucción de investigaciones federales cruzan la línea de lo administrativo para entrar de lleno en otros terrenos. ¿narcogobierno?. Suena exagerado, pero Estados Unidos ya reaccionó. La pregunta ahora es: ¿cuándo reaccionará México?
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