Reapareció en el debate público para advertir sobre la destrucción de la democracia. Y lo hizo sin partido, sin escudo y sin cálculo: Ernesto Zedillo confronta solo —pero con legitimidad— al régimen que intenta anular la crítica y reescribir la historia desde el populismo autoritario.

CDMX - Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente y académico de reconocimiento internacional, ha vuelto al centro del debate público con una denuncia frontal: la democracia mexicana ha sido desmantelada por el régimen instaurado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum. Su voz irrumpe no como la de un político nostálgico, sino como la de un ciudadano ilustrado que no teme poner en riesgo su capital simbólico para defender los principios republicanos.

El blanco de su crítica nuevamente es claro: la reforma judicial promovida por Morena, que —según él— fue aprobada con violaciones constitucionales y tiene como propósito consolidar el control del Ejecutivo sobre el poder judicial. Zedillo denuncia la desaparición de la independencia judicial como el paso definitivo hacia un régimen de partido hegemónico que manipula la legalidad para destruirla desde dentro.

La respuesta del oficialismo no fue un debate de ideas, sino un linchamiento simbólico. En la conferencia presidencial del 1 de mayo, Claudia Sheinbaum revivió el expediente del Fobaproa. No para esclarecer hechos ni matizar decisiones de una crisis financiera histórica, sino para desacreditar a Zedillo como figura moral. El tono fue sentencioso: se proyectó un documental, se reiteraron eslóganes y se desató una ofensiva emocional donde la historia fue instrumentalizada como arma de propaganda.

Lo más grave fue la acusación sin pruebas sobre presuntos vínculos del expresidente y su esposa con el narcotráfico. Un acto de imputación pública sin sustento legal, que revela la tendencia del poder a criminalizar la disidencia y convertir la crítica en sospecha. Esta estrategia no es nueva: fue diseñada por López Obrador y ahora replicada por Sheinbaum, bajo un patrón donde cualquier oposición se convierte en traición, y todo pasado que incomoda se convierte en delito.

Lejos de replegarse, nuevamente Zedillo respondió. Recordó que el rescate bancario fue revisado por auditores internacionales y aprobado por el Congreso de la Unión. A cambio, exige auditorías técnicas y externas sobre los megaproyectos del régimen actual: el aeropuerto de Texcoco, cancelado sin dictamen técnico; la refinería de Dos Bocas, plagada de sobrecostos; y el Tren Maya, con consecuencias ecológicas aún no evaluadas. El contraste es deliberado: su gestión fue fiscalizada; la actual se escuda en propaganda y opacidad.

Pero más allá de la defensa puntual, lo que Zedillo plantea es una crítica al modelo político. Acusa a Sheinbaum de reproducir un estilo de poder que privilegia el discurso emocional sobre los hechos, el linchamiento mediático sobre la transparencia, y la narrativa polarizante sobre la responsabilidad pública. Señala que la democracia no solo ha sido vulnerada: ha sido anulada mediante una transformación autoritaria que instrumentaliza la Constitución y desmantela los contrapesos.

En su nueva carta no hay cálculo electoral ni nostalgia de poder. Zedillo aparece solo. Ni el PRI, ni la oposición, ni los intelectuales acomodados han salido a respaldarlo. Pero su legitimidad no se construye en el presente partidista, sino en su probidad reconocida a nivel internacional y en su defensa constante de instituciones técnicas e independientes. A diferencia del populismo que hoy gobierna, Zedillo no necesita aplausos ni acarreo: le basta la razón.

En un país donde el disenso es castigado y el pasado se usa para evitar discutir el presente, su aparición marca un punto de inflexión. Zedillo no quiere venganza ni redención. Quiere respuestas. Y plantea una pregunta que Claudia Sheinbaum rehúye: ¿quién rendirá cuentas hoy por el uso del poder?

Aquí la carta-respuesta a los señalamientos de ayer desde la “Mañanera del Pueblo”:

Los representantes en el Congreso de la Unión del expresidente Andrés Manuel López-Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, han tomado su turno para desacreditar la denuncia que he hecho desde el pasado 15 de septiembre por su reprobable destrucción de la democracia mexicana; destrucción que incluye la desaparición del poder judicial profesional e independiente y su sustitución por uno al servicio del Ejecutivo y su partido mediante una farsa de elecciones. Al igual que sus dirigentes, esos representantes buscan desviar la atención de la ciudadanía de la fundada acusación que he hecho –más recientemente en la revista Letras Libres. Lo hacen mediante calumnias, insultos y amenazas, en lugar de responder a mis argumentos. Para difamar al gobierno que presidí, entre otros temas, insisten en utilizar las acciones tomadas entonces por las autoridades competentes para evitar la quiebra del sistema bancario, el sistema de pagos y la economía nacional. Los nuevos voceros del expresidente y la presidenta no debieran tener dificultad para revisar una vez más dicho rescate pues, como es bien sabido, pero ellos sistemáticamente lo tratan de ignorar, el rescate bancario fue objeto de una auditoría independiente llevada a cabo por un auditor internacional nombrado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión –no por el Ejecutivo. Debe subrayarse que el partido del Ejecutivo ya no contaba con la mayoría en esa Cámara cuando se dispuso y ejecutó dicha auditoría, lo cual debiera disipar cualquier duda respecto a la independencia y profesionalismo del trabajo realizado. Los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados y quedaron a disposición pública para los efectos correspondientes.

A lo que no ha respondido la presidenta Sheinbaum es a mi propuesta para que al igual que en el caso del rescate bancario, se nombre un auditor internacional independiente, de impecable reputación profesional, para que se auditen un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López-Obrador, entre otros: la destrucción del aeropuerto internacional de clase mundial para la Ciudad de México que estaba a medio terminar; la refinería de Dos Bocas; y el tren Maya. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esas gravísimas tropelías de López-Obrador.

Al ocuparse de la actuación de un gobierno de hace más de un cuarto de siglo, que profusamente ha sido revisado, estudiado, criticado, incluso calumniado –por individuos como López-Obrador, y hasta elogiado por otros, la presidenta trata de distraer la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y acciones del gobierno anterior. Lo más grave, sin embargo, es la “transformación” de nuestra democracia en un régimen despótico de partido hegemónico, trágico cambio ya inscrito en la Constitución del país mediante un conjunto de fraudes y abusos a la propia Carta Magna. La presidenta Sheinbaum fue electa gracias a la democracia. Su obligación debiera ser defender esa democracia, de ninguna manera contribuir a su destrucción.

Ernesto Zedillo Ponce de León