En menos de una hora la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobó en comisiones la llamada Ley de Ciberasedio, una reforma al Código Penal estatal que promete castigar la violencia digital, pero que ha despertado severas críticas por su ambigüedad, su origen político y su potencial represivo.
PUEBLA.— La iniciativa plantea sancionar con penas de uno a tres años de prisión y multas de hasta 28 mil pesos a quienes insulten, agravien o vejen a una persona de forma reiterada a través de medios digitales, generando afectaciones en su salud. La propuesta reformará los artículos 217, 479 y 480 del Código Penal y adicionará una nueva sección titulada “Usurpación de Identidad y Fraude Electrónico”.
El diputado morenista Mauricio Céspedes Peregrina, hermano del exgobernador Sergio Salomón Céspedes, defendió la minuta como un avance para proteger a sectores vulnerables frente al acoso digital. Señaló que la iniciativa presentada por él refuerza una propuesta anterior del exdiputado y hoy coordinador de gabinete, José Luis García Parra, presentada en noviembre de 2024.
“Mediante el principio de concentración está saliendo ambas iniciativas”, declaró Céspedes.
Las críticas más sólidas vinieron de la diputada panista Susana Riestra Piña y la legisladora de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, quienes denunciaron una falta absoluta de análisis técnico y participación de expertos. Riestra calificó la ley como una forma de “sobrelegislación”, al señalar que el delito de asedio ni siquiera existe en el marco jurídico estatal ni federal.
“Hoy lo que estamos a punto de aprobar no está considerado como un delito”, afirmó Riestra, quien también criticó que no se hayan realizado mesas de trabajo. Suriano, por su parte, pidió aplazar la discusión, señalando que se trata de una ley “al vapor”. Ambas solicitudes fueron rechazadas por la mayoría oficialista.
Para la unidad de análisis político InfoStockMx, este tipo de reformas no responde a criterios técnicos ni al interés público, sino a la necesidad de controlar la crítica en internet. “En Puebla los diputados locales de Morena no se mandan solos. La pregunta obligada es: ¿de parte de quién?”, cuestiona uno de sus informes recientes.
El mismo documento señala al diputado Céspedes Peregrina como “un legislador que no sabe leer, pero pretende censurar”. Y añade que su respaldo a esta reforma confirma un patrón de legislación punitiva orientada a limitar la expresión digital crítica.
La Ley de Ciberasedio no es un caso aislado. El diputado morenista Andrés Iván Villegas Mendoza, quien se autodefine como progresista, hace meses promovió una supuesta “Ley de Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo”, que en realidad impone restricciones arbitrarias y ambiguas al trabajo informativo bajo pretextos como la moral, la vida privada o el orden público.
El lunes, el exdiputado y hoy operador político del gobierno estatal, José Luis García Parra, celebró que su iniciativa original haya sido respaldada por todos los partidos, desde el PAN y el PRI hasta Morena, el PT y el Partido Verde. Sin embargo, la unanimidad política no equivale a calidad legislativa, ni garantiza constitucionalidad.
Lejos de constituir una política pública bien diseñada contra el acoso digital, la Ley de Ciberasedio (o Ciberseguridad) parece ser el fruto de un pacto político transversal para acotar la crítica bajo la bandera de la protección de víctimas.
La violencia digital es una realidad dolorosa y creciente, especialmente para mujeres, niños y activistas. Pero cuando las soluciones legislativas se diseñan sin rigor técnico ni apertura social, el remedio puede ser peor que la enfermedad. En lugar de proteger a las víctimas, pueden terminar castigando el disenso, silenciando el debate y legitimando la censura.
En Puebla, la pregunta ya no es si el Congreso legisla contra la violencia digital. La pregunta ahora es: ¿para quién legisla el Congreso y con qué fines?
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