Contablemente el gobierno de Puebla mantiene más de $635 millones atrapados entre bancos quebrados y casas de bolsa sancionadas por lavar dinero del narcotráfico. Lo que durante años se escondió, hoy se revela como activos tóxicos, congelados y en riesgo de confiscación bajo investigaciones por lavado de dinero.
Región Global / Mexconomy — El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a Vector Casa de Bolsa como institución de “preocupación principal en materia de lavado de dinero” bajo la FEND Off Fentanyl Act, acusándola de mover fondos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo en operaciones de tráfico de opioides sintéticos. La sanción implica bloqueo de transferencias y aislamiento del sistema financiero estadounidense, poniendo en riesgo a clientes institucionales que confiaron sus recursos a Vector. Entre ellos: el Gobierno del Estado de Puebla.
“Estas instituciones están moviendo dinero en nombre de los cárteles, permitiendo el envenenamiento de miles de estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.
Los estados financieros de Puebla al 31 de marzo de 2025 revelan que el gobierno estatal mantiene $32 millones de pesos invertidos en Vector Casa de Bolsa como activo a largo plazo. A primera vista, parece poco frente a los más de $1,800 millones en activos de largo plazo reportados, pero el verdadero problema no es la cantidad: es el riesgo, la opacidad y el patrón de decisiones financieras que priorizan las especulación (inversiones, les dicen pomposamente) , incluso con antecedentes cuestionables, antes que las necesidades de la población gobernada.
Es importante precisar que estas decisiones especulativas no corresponden al gobierno de Alejandro Armenta. Por el contrario, bajo su administración se están ordenando, financiera y contablemente, inversiones tóxicas heredadas de gobiernos anteriores, en particular los encabezados por Mario Marín Torres y Luis Miguel Barbosa Huerta.
Pero es momento de hacer un breve recuento de esas decisiones cuestionables. A la crisis con Vector se suma a otro caso igual de grave: la inversión de más de $603 millones de pesos del erario poblano en Accendo Banco, institución que quebró y entró en liquidación en 2021. Después de años en el limbo contable, apenas en 2025 el gobierno reclasificó ese saldo como “Inversiones Financieras en Proceso Legal”, reconociendo finalmente que no puede disponer de esos recursos y que su recuperación es improbable.
En conjunto, Puebla tiene $635 millones de pesos atrapados en instituciones en quiebra o bajo investigación por lavado de dinero, un reflejo de corrupción, falta de estrategia, supervisión y control de riesgos en el manejo de recursos públicos.
Así se ven los riesgos
| Aspecto | Accendo Banco | Vector Casa de Bolsa |
|---|---|---|
| Monto Puebla (2025) | $603,359,334.26 | $32,080,341.70 |
| Situación | Quiebra, liquidación judicial, proceso legal | Sancionada por FinCEN, aislada del sistema financiero de EE.UU. |
| Disponibilidad | Congelado en litigio | Limitado, con riesgo de bloqueo y pérdidas |
| Riesgo | Muy alto, recuperación improbable | Alto, con potencial de bloqueos y depreciación |
| Impacto en activos LP Puebla | 68.9% | 1.77% |
Tras los “activos sólidos”
Contablemente, ambos montos siguen reportándose como “activos de largo plazo” en las cuentas del gobierno, inflando una imagen de estabilidad que no existe en la realidad. En la práctica, son fondos públicos atrapados en inversiones de alto riesgo, con posibilidades de convertirse en pérdidas irrecuperables.
Peor aún: el dinero público de Puebla quedó enredado en bancos y casas de bolsa mientras la población enfrenta carencias básicas y la infraestructura pública se deteriora. En ese contexto $635 millones de pesos siguen atrapados entre Accendo y Vector.
Vector ha tenido históricamente relaciones con tesorerías estatales, incluidas operaciones durante el sexenio de Mario Marín en Puebla cuando el entonces secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, posteriormente directivo de Vector, gestionó inversiones públicas que terminaron en instrumentos poco claros, poco líquidos y de alto riesgo. Décadas después, esa política de inversiones sin control se refleja en saldos inmovilizados, con instituciones que arrastran sombras de opacidad.
¿A cuánto asciende realmente el dinero que se evaporó en esas operaciones especulativas? El paso del tiempo y la opacidad con que se consolidan los Estados Financieros del Gobierno de Puebla han borrado el rastro documental que permitiría conocer un monto exacto. Sin embargo, los indicios apuntan a que se trata de miles de millones de pesos diluidos a lo largo de años en transacciones de “alto riesgo”, fuera del escrutinio público y sin beneficio alguno para Puebla. Con exactitud sólo lo saben quienes hicieron las inversiones y operaron las transferencias. Hay nombres por supuesto.
Lo que el gobernador Alejandro Armenta debe hacer para despejar cualquier duda
- Transparentar de inmediato los rendimientos, condiciones y riesgos de las inversiones en Vector y Accendo.
- Aplicar provisiones contables por posible pérdida de estos recursos.
- Revisar y reestructurar su política de inversiones públicas, priorizando liquidez, seguridad y beneficio social sobre intereses privados.
- De la información disponible rendir cuentas de manera abierta, que expliquen cómo, cuándo y por qué se tomaron estas decisiones de inversión.
Va a doler, sin duda, pero es necesario extirpar de una vez por todas esos tumores tóxicos que anidan en el corazón de las finanzas públicas de Puebla y tomar distancia de quienes operaron esas decisiones, y que, curiosamente, hoy regresan al amparo de su administración. Algunos con cargos visibles, otros desde las sombras.
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