🇺🇸⚖️ El operativo financiero de Estados Unidos contra el lavado de dinero del narcotráfico no es un episodio aislado ni un simple ajuste técnico de controles internacionales. La sanción de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, tiene un peso político que resuena en el corazón de la 4T💣.
InfoStockMx - La noche del 26 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino gerencialmente Vector Casa de Bolsa, amparándose en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores, para sustituir de manera temporal a sus órganos de administración, con el argumento de proteger a los inversionistas y al público ante el impacto de las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el FinCEN de Estados Unidos.
La intervención se suma a las medidas contra CI Banco e Intercam, pero la gravedad política recae en Vector, porque implica directamente a Alfonso Romo, uno de los empresarios más importantes en la llegada de AMLO a la presidencia y su enlace con la élite empresarial regiomontana y nacional. Romo no era un empresario más: era el coordinador de gabinete, la mano que abría puertas y cerraba acuerdos para el tabasqueño en la campaña y durante los primeros tres años de su gobierno.
Lo que Estados Unidos denuncia no es menor: Vector habría sido utilizada para blanquear fondos del Cártel de Sinaloa y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mediante pagos a empresas chinas que proveen precursores químicos para el fentanilo y otras operaciones de “mulas de dinero” que utilizaron la infraestructura de la casa de bolsa durante años.
El FinCEN acusa a Vector de procesar más de 1 millón de dólares de 2018 a 2023 en pagos a China para la compra de precursores químicos, y de haber recibido más de 2 millones de dólares entre 2013 y 2021 de operadores ligados al Cártel de Sinaloa, mientras la Fiscal General Pam Bondi ha sido contundente en el Senado:
“Trump lo ha dicho alto y claro: No nos intimidarán y mantendremos a Estados Unidos seguro. No sólo de Irán, sino también de Rusia, China y México, de cualquier adversario que intente matarnos o drogar a nuestros hijos.”
Es decir, el tema está enmarcado en la agenda de seguridad nacional de EE.UU., donde México es visto no sólo como socio comercial, sino como un riesgo por el suministro de fentanilo y el lavado de dinero del narco, ahora elevado a la categoría de amenaza comparable con Rusia, China o Irán.
Lo que no figura en los documentos del FinCEN ni en la OFAC, pero es ineludible, es el componente político de este golpe: la intervención de una empresa propiedad del ex jefe de gabinete de AMLO, a petición de una acción de EE.UU., sacude la narrativa de un gobierno que llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción y la connivencia con el crimen organizado.
Más allá de las acciones de Estados Unidos, diversas voces, sin pruebas concluyentes por el momento, han comenzado a relacionar este caso con la corrupción durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, señalando que Vector pudo haberse beneficiado de redes de protección e impunidad bajo la 4T. En este contexto, la intervención ordenada por la SHCP a través de la CNBV no es vista por algunos como un acto para proteger a los ahorradores, sino como una operación de control de daños para proteger a los lavadores de dinero, blindar al sistema político y evitar que las indagatorias de EE.UU. expongan conexiones incómodas entre el crimen organizado y figuras de poder en México.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado presentar el caso como un tema estrictamente técnico y financiero, limitando la reacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitar pruebas y a colaborar con EE.UU., mientras se mantienen en silencio las voces políticas de la 4T sobre el impacto institucional y de confianza que implica que un exintegrante del gabinete presidencial sea propietario de una empresa intervenida por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
El mensaje que se envía desde Washington es doble: por un lado, cortar las vías de financiamiento del fentanilo y del crimen organizado que están envenenando a la sociedad estadounidense, y por otro, advertir que no habrá consideraciones políticas o diplomáticas cuando se trate de proteger el sistema financiero de EE.UU. de flujos ilegales.
La situación de Alfonso Romo se torna frágil ante la justicia estadounidense debido a que bajo las leyes de lavado de dinero (18 U.S.C. §1956 y §1957) y las facultades de la Patriot Act (31 U.S.C. §5318A), las autoridades de EE.UU. pueden investigar a cualquier persona que, directa o indirectamente, haya facilitado, conspirado o participado en transacciones financieras que involucren recursos de procedencia ilícita, incluso si se encuentran fuera de su territorio, siempre que dichas operaciones afecten al sistema financiero estadounidense o estén vinculadas con delitos graves como el tráfico de drogas.
Al ser propietario de Vector Casa de Bolsa, entidad señalada formalmente como canal de lavado de dinero del narcotráfico y con transacciones en dólares a través de corresponsales en EE.UU., Romo podría ser (o ya lo es) investigado por conspiración para lavar dinero, enfrentar posibles cargos penales y ser objeto de solicitudes de información o incluso de cargos de carácter extraterritorial, especialmente si se demuestra que conocía o debía conocer que su institución estaba siendo utilizada para blanquear fondos de carteles designados como organizaciones terroristas por EE.UU.
En México, la intervención de Vector no es un caso más. Es una prueba de fuego para la narrativa de la 4T, que insiste en que la corrupción es cosa del pasado, mientras uno de sus principales aliados, ex jefe de gabinete y operador político, enfrenta una intervención y señalamientos por parte de las autoridades financieras más poderosas del mundo.
La historia está en desarrollo, pero el golpe ya está dado: Vector, Romo y la 4T de AMLO han quedado bajo la lupa, en un caso que trasciende los balances financieros y que puede convertirse en un parteaguas de la relación de México con Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo y el lavado de dinero.
0 Comentarios