El proceso electoral extraordinario para elegir a jueces, magistrados y ministros en México, celebrado el pasado 1 de junio, exhibe un fenómeno inédito y preocupante: el voto popular como mecanismo para legitimar la integración del Poder Judicial se ha convertido en una herramienta de confrontación política y en un laboratorio de incertidumbre democrática.
CDMX - El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) es contundente: se trata de un proceso marcado por improvisación normativa, baja participación ciudadana, interferencias políticas y carencias estructurales que cuestionan su legitimidad. Con apenas un 13% de participación, el voto judicial mexicano se ubica entre los más bajos de la región, generando dudas sobre su representatividad y la eficacia de este modelo para renovar la confianza ciudadana en la justicia.
El origen del proceso judicial-electoral se encuentra en la reforma constitucional impulsada en 2024 por el entonces presidente López Obrador y refrendada con celeridad por la presidenta Claudia Sheinbaum. En apenas diez meses, el oficialismo logró lo que parecía imposible: convertir a México en el primer país del mundo en elegir por voto popular a la totalidad de sus jueces federales y ministros de la Suprema Corte.
El proceso legislativo estuvo rodeado de tensión política: ocupaciones de sedes legislativas, protestas opositoras y una modificación constitucional para blindar la reforma ante acciones de inconstitucionalidad y amparos. La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, la creación de órganos de disciplina judicial subordinados y la reducción del número de ministros de la Corte fueron decisiones adoptadas sin un debate democrático sólido, según el informe de la MOE/OEA.
La implementación electoral quedó en manos del Instituto Nacional Electoral (INE), que tuvo que suplir con reglamentos y acuerdos la ausencia de legislación específica. Cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) integró su propio comité de evaluación para filtrar candidaturas, pero lo hizo con reglas dispares: mientras que el Judicial exigió un examen técnico de conocimientos, el Ejecutivo se limitó a entrevistas de diez minutos. El Legislativo, por su parte, pidió un breve ensayo a los aspirantes. La consecuencia: un proceso desigual que debilitó el principio de equidad y la garantía de idoneidad técnica de los candidatos.
En palabras de la MOE/OEA, la capacidad de autorregulación de los comités generó asimetrías preocupantes. Algunos aspirantes reconocieron haber elegido los comités más laxos para registrarse, evitando evaluaciones rigurosas. De hecho, ninguno de los postulantes fue sometido a un concurso de oposición o examen exhaustivo, como se estilaba antes de la reforma.
Uno de los hallazgos más inquietantes del informe radica en la composición final de la Suprema Corte: seis de los nueve ministros electos fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo. En un país donde la independencia judicial es frágil, esta concentración de poder abre la puerta a la subordinación de la justicia a intereses políticos y erosiona la capacidad del tribunal para actuar como contrapeso democrático.
El voto judicial en México nació con una participación de apenas el 13%. La ciudadanía, bombardeada por un proceso confuso y mal comunicado, optó mayoritariamente por la abstención. La MOE/OEA alerta que esta cifra revela una fractura preocupante: más del 85% del electorado no mostró interés en participar. Este vacío democrático mina la legitimidad de los jueces y magistrados electos y perpetúa la desconfianza en las instituciones de justicia.
La reforma y el proceso electoral estuvieron marcados por impugnaciones judiciales, medidas cautelares, órdenes contradictorias y blindajes constitucionales. La “reforma de supremacía constitucional” limitó la posibilidad de amparos y acciones de inconstitucionalidad, dejando a la Suprema Corte sin margen real para frenar la reforma. En consecuencia, la MOE/OEA advierte sobre un preocupante debilitamiento del principio de división de poderes y del sistema de contrapesos.
¿Hacia dónde va México?
El informe de la MOE/OEA concluye con una serie de recomendaciones contundentes: establecer exámenes técnicos obligatorios y anónimos, fortalecer la participación ciudadana en la supervisión del proceso, regular de manera exhaustiva cada etapa de las elecciones y, sobre todo, garantizar que la selección de jueces se base en mérito y capacidad, no en intereses políticos.
En un contexto de polarización y desconfianza, el experimento del voto judicial amenaza con consolidar un Poder Judicial dependiente y politizado. En lugar de acercar la justicia al ciudadano, podría convertirla en un brazo más del Ejecutivo. México se encuentra en una encrucijada: o profundiza el camino de la reforma autoritaria o reconstruye la legitimidad de sus instituciones democráticas desde la transparencia, la técnica y la participación ciudadana.
La elección judicial de 2025 pasará a la historia como un hito inédito, pero también como una advertencia: el voto por sí mismo no garantiza justicia.
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