El gobernador Alejandro Armenta Mier ha prometido cero tolerancia, cero impunidad y cero persecución selectiva contra la corrupción. Ha llamado a los poblanos a no dejarse extorsionar, ha instruido recuperar expedientes y ha insistido en que la transparencia sea la regla en el servicio público.
Con el caso de María Teresa Castro Corro, tiene frente a sí algo muy escandaloso que revelan los números, esos que no mienten aunque los discursos se esfuercen en manipularlos.
La extitular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla, María Teresa Castro Corro, operó con un salario neto mensual de $59,646 pesos y gratificaciones de $31,223 pesos. En los 47 meses al frente de las finanzas poblanas bajo Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sumó ingresos por $4,270,843 pesos. Con eso debía pagar vivienda, manutención y el estilo de vida que conlleva el poder. Sin embargo, en menos de dos años realizó compras inmobiliarias por $9,040,000 pesos, incluyendo una casa al contado por $5,790,000 pesos tan solo seis meses después de dejar el cargo.
Los números tampoco mienten sobre su gestión: $606,000,000 pesos de recursos públicos fueron enviados a Accendo Banco justo antes de que la CNBV le revocara su licencia, operación que mantiene el dinero del pueblo de Puebla atrapado en la quiebra. Se autorizaron $6,800,000,000 pesos de recursos públicos en un bróker financiero, Fóndika, S.A. de C.V., donde la propia Castro Corro posee fondos privados por $2.75 millones y $3.87 millones según su declaración patrimonial de 2025.
¿Cómo es que la secretaria que perdió 606 millones de pesos de todos los poblanos terminó comprando casas al contado mientras invertía en el mismo bróker donde colocó el dinero del estado?
El gobernador Armenta dice que la ciudadanía no debe tolerar la corrupción. Tiene razón. Recuperar expedientes emblemáticos de corrupción como el del Teleférico o el Museo Barroco es indispensable, pero ahora mismo el expediente Castro Corro es más que emblemático: es un caso vivo, con cifras que no cuadran, con transferencias que siguen sin retorno y con compras patrimoniales que exhiben, de comprobarse, un presunto enriquecimiento inexplicable bajo el amparo de la impunidad administrativa.
La pregunta, por tanto, es directa: ¿tendrá Alejandro Armenta la voluntad de investigar a fondo a María Teresa Castro Corro? ¿O la muerte de Barbosa y el nombre de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, bastarán para dejar este expediente bajo llave?
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