Lo que debía ser una unidad para buscar personas desaparecidas operaba, en realidad, como escudo institucional para un criminal ligado al narcomenudeo, el secuestro y la existencia de una narcofosa en Coronango. La detención del excomandante ministerial Alejandro Macuil Tlahuetl exhibe el grado de infiltración criminal en la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Puebla de Zaragoza, Pue.- La captura de Alejandro Macuil Tlahuetl, comandante de investigación en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, reveló un nivel de putrefacción institucional que compromete la legitimidad misma del aparato de justicia en Puebla. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el exfuncionario no sólo intimidó a una víctima con arma de fuego para encubrir a un presunto criminal, sino que habría brindado protección directa a Federico N., alias “El Patuleco”, narcomenudista y secuestrador que enterraba cuerpos en un falso centro de rehabilitación.
El 28 de julio, a las 09:43 horas, elementos ministeriales detuvieron a Macuil Tlahuetl en las inmediaciones del edificio central de la FGE, en la colonia El Carmen. Pese a estar bajo investigación por diversos delitos, el comandante se mantenía en funciones dentro de una unidad clave: la encargada de buscar personas desaparecidas. Ese mismo día, fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde enfrenta cargos por intimidación y obstrucción de la justicia.
Las acusaciones contra él no son menores. La FGE sostiene que el excomandante acudió personalmente al domicilio de una víctima para amenazarla con un arma de fuego. El objetivo: silenciar cualquier denuncia que pudiera implicar al ‘Patuleco’ en delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o narcomenudeo. De manera paralela, se investiga si Macuil entorpeció deliberadamente las investigaciones abiertas contra el grupo delictivo asentado en el municipio de Coronango.
En junio pasado, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble de ese municipio que funcionaba como un supuesto anexo de rehabilitación. El lugar, bautizado como “Ayuda en manos de Dios”, escondía debajo de su estructura una fosa con restos humanos. Según los reportes periciales preliminares, podrían corresponder a al menos diez personas desaparecidas. La vivienda fue asegurada y permanece bajo resguardo mientras se realiza la identificación de los restos.
El ‘Patuleco’, recluido desde junio en el penal de San Miguel, no operaba solo. El 22 de junio, dos mujeres —una de ellas menor de edad— fueron detenidas en Coronango en posesión de droga. La FGE presume que se trata de familiares directas del presunto narco: su esposa, Carla N., hoy interna en el penal de Ciudad Serdán, y su hija de 17 años. La vivienda cateada, frecuentada por jóvenes y supuestos internos, era en realidad una fachada para el reclutamiento, el tráfico y el entierro clandestino de víctimas.
El caso de Macuil Tlahuetl se suma a un contexto de crisis dentro de la Fiscalía estatal. El pasado 26 de julio, la fiscal Idamis Pastor Betancourt reconoció públicamente que al menos ocho agentes ministeriales están bajo investigación por vínculos con la delincuencia organizada. La admisión se produjo luego de que el gobernador Alejandro Armenta denunciara la presencia de infiltrados en la institución. La detención de Macuil podría formar parte de este mismo expediente de limpieza, aunque la FGE no lo ha confirmado oficialmente.
La implicación directa de un comandante ministerial en actos de intimidación, protección criminal y encubrimiento de desapariciones socava de manera profunda la legitimidad de la Fiscalía Especializada. El mismo aparato que debía investigar a los responsables de desapariciones forzadas operó, según las investigaciones, como muro de protección para un perpetrador serial.
La detención de Alejandro Macuil Tlahuetl no cierra el caso. Apenas lo abre. La FGE está obligada a esclarecer cuántas investigaciones fueron entorpecidas, cuántos agentes operaron con él, y cuántas víctimas perdieron la oportunidad de ser localizadas por culpa de la colusión criminal dentro de la fiscalía.
La estructura estatal está frente a una disyuntiva: simular una depuración o realizar una cirugía profunda que incluya responsabilidades administrativas y penales contra mandos superiores que permitieron, por omisión o complicidad, que un jefe de grupo trabajara para el crimen. El horror hallado en Coronango no es una anécdota aislada: es síntoma del colapso de las garantías institucionales más básicas en Puebla.
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