Mientras los caminos de Puebla se paralizan por exigencias de seguridad y justicia, el gobierno estatal responde con promesas de diálogo “permanente” y mesas mensuales, sin resolver el fondo de una crisis marcada por la violencia, el abandono institucional y el hartazgo del gremio transportista.
Puebla de Zaragoza, Pue.- La escena es elocuente: cientos de camiones bloqueando vías estratégicas, desde la autopista Puebla–Córdoba hasta los accesos en Ciudad Serdán, Zacatlán, Huejotzingo, Cuacnopalan..., como respuesta al asesinato de un operador de transporte ocurrido el 26 de julio. Mientras tanto, en Casa Aguayo, el gobierno de Puebla —en tono conciliador— anuncia el inicio de “mesas de trabajo mensuales” con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC). El contraste entre el caos vial y el lenguaje institucional revela una desconexión más profunda: la distancia entre los funcionarios y la realidad de los transportistas.
En la respuesta oficial a la protesta que paralizó al estado, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, aseguró que la administración estatal ha mantenido un “diálogo permanente y cercano con todos los sectores” desde diciembre pasado. Pero las escenas en las carreteras delatan otra cosa: un gremio que no encontró respuesta hasta que recurrió al paro.
El mensaje gubernamental habla de escucha y apertura, pero ignora deliberadamente el contexto de violencia que detonó la protesta. Ni una palabra sobre el operador asesinado en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca. Ni una expresión reconociendo la oleada de asaltos, extorsiones y amenazas que viven a diario los transportistas poblanos. José Luis García Parra no menciona siquiera el nombre de los municipios donde los bloqueos se mantuvieron por más de diez horas. Omite también el señalamiento directo de los operadores contra policías municipales en Xiutetelco y Teziutlán, entre otros, por abusos sistemáticos. El silencio no es neutralidad: es omisión.
“Mesa de diálogo” se ha convertido en un comodín político. Se instala una, se promete otra mensual, se presume voluntad. Pero la urgencia no está en los calendarios institucionales, sino en el asfalto: un operador fue asesinado, las carreteras son territorios sin ley, y los cuerpos de seguridad locales actúan más como amenaza que como resguardo. ¿Qué tipo de “diálogo permanente” es ése que sólo ocurre cuando hay bloqueos?
Los transportistas no se movilizaron por capricho ni por cálculo político. Lo hicieron por sobrevivencia. Porque las rutas que recorren están plagadas de riesgos y el Estado ha fallado en su responsabilidad básica: proteger la vida. No basta con recibirlos en Casa Aguayo: se necesita una estrategia real, presupuesto, presencia policial efectiva, depuración de corporaciones municipales, reparación a víctimas y garantías de no repetición. Ninguna de esas acciones ha sido anunciada por el gobierno. Solo reuniones y discursos.
El lenguaje del coordinador de gabinete del mandatario Alejandro Armenta —templado, administrativo, evasivo— contrasta brutalmente con los carteles que colgaron los operadores en las casetas: “¡¡¡Ya estamos hasta la madre!!!”. Ese desfase no es sólo retórico: es político. Refleja una incapacidad del gobierno para leer con claridad el nivel de desesperación social que representa un paro estatal del transporte.
Si los caminos de Puebla se bloquearon este 28 de julio no fue por gusto. Fue por hartazgo. Y si las “mesas mensuales” son la única respuesta institucional, entonces el gobierno ha decidido administrar el conflicto en lugar de resolverlo. En ese modelo, los camiones volverán a detenerse. Y las rutas, a cerrarse. Al tiempo.
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