Dos días después del asesinato de un operador en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, transportistas colapsaron las principales carreteras del estado en una protesta simultánea, prolongada y descentralizada. Exigen seguridad, justicia y el fin del acoso policial en municipios.
Puebla — La mañana del domingo 28 de julio de 2025, el estado de Puebla vio surgir una cadena de bloqueos carreteros. Desde Huejotzingo hasta Acatzingo, en Ciudad Serdán, Zacatlán, en la México - Puebla, entre otras vialidades principales. Decenas de puntos viales estratégicos fueron cerrados por transportistas agrupados en la AMOTAC y organizaciones locales. El motivo que detonó la movilización camionera no fue menor: el asesinato de un operador de carga cometido el 26 de julio en la autopista 135D Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del kilómetro 17+900, en dirección a Cuacnopalan.
Ese crimen, ocurrido en una de las rutas más peligrosas del centro-sur del país, desató una reacción que ni autoridades estatales ni federales pudieron contener. Lo que inició como una concentración regional se convirtió en una movilización estatal sin horarios fijos ni coordinación centralizada pero sí con capacidad de organización espontánea del gremio en señal de hartazgo.
La autopista Puebla–Córdoba, vital para el flujo comercial entre el centro y el sureste del país, permaneció cerrada por completo al menos hasta las 16:00 horas, afectando a miles de conductores y transportistas ajenos al paro. A esta se sumaron bloqueos en la Cuacnopalan–Oaxaca, la México–Puebla (zona Ocotlán y Los Cochinitos), la Vía Atlixcáyotl, el Periférico, Huejotzingo, El Seco, Teziutlán, Ciudad Serdán y varias entradas a municipios serranos y del altiplano. Fue, en los hechos, un cerco carretero.
En los puntos de protesta abundaban pancartas con mensajes que ya no buscan persuadir, sino gritar. En una de ellas se leía con crudeza: “¡Ya estamos hasta la madre de la ignorancia y prepotencia de los oficiales de Tránsito y Policía Municipal de Xiutetelco y Teziutlán!”. El reclamo va más allá del crimen organizado: denuncia también la corrupción cotidiana, los abusos de poder locales y el hostigamiento policial contra transportistas, especialmente en zonas donde las policías municipales actúan como fuerzas de control arbitrario.
El operador asesinado —cuyo nombre no ha sido hecho público por autoridades— fue víctima de un asalto violento en un tramo conocido por su riesgo elevado y vigilancia intermitente. La ruta Cuacnopalan–Oaxaca, junto con la Puebla–Córdoba, acumula desde 2023 denuncias por robos armados, desapariciones y agresiones contra choferes, sin que haya una estrategia efectiva de seguridad. A pesar de ello, el despliegue de la Guardia Nacional sigue siendo intermitente y meramente disuasivo.
Las protestas camioneras del 28 de julio no fueron una jornada aislada, sino el síntoma de una presión contenida. A diferencia de otras manifestaciones gremiales, esta careció de líderes visibles o de una voz unificada para negociar. La fuerza del mensaje no estuvo en la retórica, sino en los ejes detenidos, los camiones atravesados en las casetas, los traileros atrincherados en los acotamientos. Fue una acción directa, prolongada y descentralizada, sin permiso ni intermediarios.
El gobierno estatal reaccionó tarde y con tono burocrático. Mientras las filas de automóviles crecían y el comercio se detenía, la Secretaría de Gobernación apenas convocaba a mesas de diálogo. Ningún funcionario acudió oportunamente a los puntos más conflictivos. La ausencia institucional fue proporcional a la presencia del descontento.
La indignación no se explica solo por la inseguridad. También pesa el acoso de tránsito en municipios como Xiutetelco y Teziutlán, donde transportistas denuncian extorsiones, detenciones arbitrarias y hostigamiento constante por parte de policías municipales. La violencia no solo viene de los criminales: también se normaliza desde los gobiernos locales.
El paro carretero dejó una advertencia sobre el asfalto: el gremio transportista está dispuesto a detener la economía si el Estado no detiene la violencia. Hoy fue un cierre total. Mañana, si no hay respuesta, puede ser el preludio de una crisis más profunda, donde las rutas de comercio se vuelven trincheras y la impunidad, una amenaza estatal.
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