Miguel Ángel F.A., presidente auxiliar de Santa María Coapan, fue arrestado en su domicilio por agredir físicamente a su esposa. Aunque promovía públicamente respeto a las mujeres, fue necesario someterlo por la fuerza tras resistirse a la detención.
Tehuacán, Pue. — La contradicción entre el discurso público y la conducta privada volvió a estallar en el ámbito político local. Este domingo, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán detuvieron a Miguel Ángel F.A., presidente auxiliar de Santa María Coapan, acusado de agredir físicamente a su esposa en su propio domicilio.
La intervención policial se originó a raíz de una llamada de emergencia al 911. Según el reporte oficial, al arribar al lugar, los agentes encontraron al funcionario en actitud hostil y agresiva, negándose a colaborar. Fue necesario someterlo para trasladarlo a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública.
El caso se mantiene en proceso, a la espera de que la parte afectada interponga la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que determinará la situación legal del funcionario. Hasta el momento, no se ha informado si ya fue presentado ante el Ministerio Público o si permanece bajo resguardo administrativo.
Lo ocurrido cobra mayor relevancia por el perfil del detenido. Miguel Ángel se encuentra en su segundo periodo como autoridad subalterna y ha sido promotor de mensajes públicos a favor del respeto y empoderamiento de las mujeres. Incluso recientemente ha estado impulsando la llamada “Carrera de la Tortilla”, con la que buscaba proyectar a mujeres trabajadoras de la comunidad.
La falta de un pronunciamiento oficial por parte de la junta auxiliar de Coapan agrava la percepción de opacidad. En casos como éste, donde la figura pública presuntamente infringe principios que dice defender, el silencio institucional suele ser complicidad o evasión.
La detención tiene carácter penal, pero obliga a replantear los filtros éticos para el ejercicio de cargos públicos a nivel local. La congruencia entre discurso y conducta no puede seguir siendo una excepción, y menos cuando se trata de proteger a víctimas de violencia familiar.
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