En los pasillos de Wall Street la operación anunciada este martes por el gobierno mexicano ha sido recibida con la frialdad que caracteriza a los mercados financieros cuando detectan una transferencia de riesgo mal disfrazada.
Mexconomy — La administración de Claudia Sheinbaum busca recaudar entre 7,000 y 10,000 millones de dólares mediante una emisión de deuda que, en teoría, no aparecerá en los libros contables de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero que en la práctica representa uno de los rescates financieros más sofisticados de los últimos años en América Latina.
El instrumento elegido para esta operación son los P-Caps (valores precapitalizados amortizables), una herramienta financiera típica del mundo de los activos respaldados que permite una maniobra contable de considerable elegancia: "Los P-Caps no se consolidarán con los pasivos de Pemex ni de México, sino que constituirán deuda pública del Gobierno Mexicano", reza el documento oficial.
En términos llanos, esto significa que México asumirá una deuda de hasta 10,000 millones de dólares con vencimiento en agosto de 2030 para inyectar liquidez a una empresa que arrastra una carga financiera superior a los 100,000 millones de dólares y enfrenta vencimientos de 19,000 millones en bonos durante el próximo año (más proveedores y otros pasivos).
La reacción de los mercados ha sido inmediata y reveladora. Mientras los bonos de Pemex se dispararon 3 centavos por dólar y sus swaps de incumplimiento crediticio se desplomaron 45 puntos básicos, la deuda soberana mexicana experimentó el movimiento contrario: los CDS a cinco años del gobierno subieron casi 6 puntos básicos a su nivel más alto en un mes, y los bonos soberanos cayeron en toda la curva de rendimientos.
"Es una muestra de apoyo de Sheinbaum, que demuestra pragmatismo y decisión", declaró Armando Armenta, economista senior de AllianceBernstein en Nueva York, aunque su análisis contiene una advertencia implícita: "Los desafíos financieros estaban empañando el panorama y desviando la atención de los desafíos administrativos y operativos de la compañía (Pemex)".
Esta observación toca el nervio del problema. Pemex no sólo enfrenta una crisis de liquidez, sino una crisis estructural que ha llevado su producción petrolera a mínimos de cuatro décadas. La compañía, otrora orgullo nacional y motor de la economía mexicana, se ha convertido en una carga fiscal que consume recursos públicos sin generar rendimientos positivos.
La Ingeniería del Rescate
La operación, que será coordinada por JPMorgan como asesor único y BofA Securities, Citi y JPMorgan como coordinadores conjuntos, está programada para concretarse el 28 de julio. Su estructura revela la sofisticación financiera de la actual administración, que ha optado por una vía indirecta para evitar el impacto directo en las métricas contables y financieras de Pemex.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha enmarcado la operación dentro de "una estrategia financiera integral" cuyos objetivos incluyen "la mejora de su liquidez, la optimización del perfil de vencimientos, la reducción de pasivos y costo financiero". Sin embargo, el silencio oficial sobre los términos específicos de la emisión ha dejado a los analistas especulando sobre las verdaderas condiciones de esta inyección de capital.
Lo que los mercados han interpretado con claridad es que esta operación representa una socialización de las pérdidas de Pemex al transferir el riesgo crediticio de la petrolera al gobierno federal y de ahí al contribuyente. México está apostando su calificación soberana por una empresa que, según todos los indicadores, requiere una reestructuración profunda que va más allá de la ingeniería financiera.
El desempeño de los bonos mexicanos este martes, situándose "entre los peores desempeños entre los mercados emergentes", según datos de Bloomberg, sugiere que los inversionistas internacionales no han sido engañados por la elegante estructura de los P-Caps. Para ellos, la deuda gubernamental destinada a rescatar a Pemex sigue siendo, en esencia, un incremento del riesgo soberano.
La Estrategia de Largo Plazo
Como parte del plan integral de la administración Sheinbaum, Pemex abrirá algunos de sus principales yacimientos de petróleo y gas a proyectos de inversión conjunta con socios del sector privado. Esta medida, que habría sido impensable durante la administración de AMLO, sugiere un cambio pragmático en la política energética mexicana.
La pregunta que ronda en los círculos financieros es si estos 10,000 millones de dólares serán suficientes para darle a Pemex el tiempo necesario para implementar las reformas operativas que requiere, o si simplemente representan el primer capítulo de una serie de rescates que terminarán por comprometer la estabilidad fiscal del país.
La operación cumple formalmente con la Ley Federal de Deuda Pública y se mantiene dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso para el ejercicio fiscal 2025. Sin embargo, el veredicto de los mercados ha sido de conveniencia: han premiado a Pemex y castigado a México.
Esta dicotomía revela la naturaleza real de la operación. Mientras el gobierno mexicano habla de "manejo prudente de las finanzas públicas" y del "fortalecimiento de las empresas productivas del Estado", los inversionistas ven una transferencia de riesgo que, aunque técnicamente elegante, no resuelve los problemas fundamentales de una petrolera estatal que requiere más que liquidez para recuperar su viabilidad.
Los P-Caps representan una apuesta arriesgada: la ingeniería financiera ha sustituido, al menos temporalmente, a la reforma estructural que necesita Pemex. Los próximos meses revelarán si Claudia Sheinbaum ha ganado el tiempo necesario para transformar a Pemex, o si simplemente ha postergado una crisis que podría terminar arrastrando al país..
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