La diputada Laura Artemisa García Chávez quiere convencernos, desde su cuenta de X, de que la reforma al delito de ciberasedio en Puebla es un triunfo del diálogo y la apertura. Que no hay censura, que se protege la libertad de expresión, que el Congreso “escucha”.
Bajo esa narrativa de apertura se esconde lo esencial: el régimen sigue operando para mantener el control de la palabra, aunque ahora con un ropaje de consenso.
Artemisa, como operadora legislativa del poder en Puebla, encabeza una reforma que elimina algunos verbos vagos, baja la pena mínima y promete un “delito de resultado”. Pero mantiene en el Código Penal términos lo suficientemente flexibles para que un juez o un fiscal amigo puedan reactivar la persecución de la crítica con el mismo objetivo de siempre: silenciar a quien incomode.
Cuando Laura Artemisa dice que “se protege el periodismo legítimo”, hay que preguntar quién decide qué periodismo es legítimo y cuál no. Cuando promete que “no hay censura”, hay que recordar que en Puebla se persigue y se hostiga a periodistas y activistas, y que un simple proceso penal puede ser castigo suficiente para quebrar a quienes se atreven a exhibir los abusos del poder.
En un régimen republicano que se tambalea, la libertad de expresión no puede depender de la narrativa de una diputada que, mientras sonríe en redes, aprueba leyes que preservan mecanismos de control sobre la sociedad.
Las democracias no se fortalecen con leyes que mantienen la posibilidad de perseguir la crítica bajo el disfraz de “proteger la integridad emocional”. Se fortalecen con garantías reales, con jueces independientes y con la eliminación de todo margen que permita al poder decidir qué discurso merece existir y cuál debe ser callado.
La reforma al ciberasedio en Puebla es una operación política de contención: calmar las críticas, simular apertura y dejar intacta la herramienta para que, cuando se necesite, el régimen vuelva a activarla.
Hoy no basta con que Laura Artemisa afirme que escucharon a la sociedad: necesitamos que la ley no pueda ser utilizada nunca más como instrumento de persecución. Y eso, diputada, no se ha resuelto.
Porque donde el poder se adjudica el derecho de definir qué es “legítimo”, la democracia muere un poco cada día. Y donde los legisladores disfrazan el control de “consenso”, el régimen no se debilita: afila su navaja, se prepara y espera el momento para volver a callar a quien le estorbe.
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