En uno de los golpes más reveladores del colapso institucional en Tehuacán, autoridades retiraron 12 cámaras clandestinas instaladas por bandas criminales para vigilar a la población y monitorear operativos policiales. La intervención exhibe el nivel de control territorial alcanzado por el crimen organizado y la permisividad oficial que lo solapó.
Tehuacán, Pue. — El hallazgo de cámaras de videovigilancia instaladas por grupos delictivos en espacios públicos de Tehuacán no es una señal de avance gubernamental, sino la evidencia de un prolongado abandono institucional. El operativo, encabezado por la Policía Municipal en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Estatal y otras fuerzas federales, desmontó una red de espionaje criminal que operaba a la vista de todos.
En total, fueron retiradas 12 cámaras parásitas colocadas de forma irregular en postes de la CFE, Telmex y hasta en árboles, principalmente en zonas de alta incidencia delictiva como el Parque Poblado El Riego, la calle 7 Poniente con Adolfo López Mateos, San Lorenzo Teotipilco y San Marcos Necoxtla. Los dispositivos eran utilizados por bandas para vigilar el tránsito ciudadano, rastrear movimientos policiales y planear actividades ilícitas con ventaja operativa.
El nivel de sofisticación y cobertura de estas cámaras —apuntando directamente a la vía pública y zonas peatonales— revela una red delictiva que ha logrado establecer infraestructura propia sin interferencia de la autoridad durante meses, quizá años. La intervención no habría sido posible sin la participación de la Marina, lo que subraya la incapacidad del gobierno municipal para enfrentar por sí solo la expansión del crimen organizado.
Mientras el Ayuntamiento presenta la operación como parte de una "estrategia integral", lo cierto es que la colocación de estas cámaras no pudo haber ocurrido sin algún grado de omisión o colusión de autoridades locales. En vez de prevenir, el municipio reaccionó cuando el problema ya había tomado forma de red de inteligencia paralela, operada por células criminales que han encontrado en Tehuacán un territorio fértil para el control social y operativo.
El presidente municipal, Dr. Alejandro Barroso Chávez, ha instruido estas acciones como parte de un esfuerzo más amplio contra la delincuencia, pero lo ocurrido muestra que se ha gobernado sobre un vacío: mientras se presume seguridad en el discurso, en la práctica bandas criminales han tenido el tiempo y los recursos para montar sistemas de videovigilancia urbanos con total impunidad.
La intervención no debe interpretarse como un logro, sino como un punto de inflexión que obliga a revisar las estructuras de seguridad pública en Tehuacán. El retiro de las cámaras es apenas el inicio: lo verdaderamente urgente es desmontar el ecosistema de complicidades, omisiones e ineficiencias que permitió su instalación.
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