En los primeros siete meses de 2025 se registraron 51 casos de hostigamiento judicial contra periodistas y medios en México, la cifra más alta de la última década, advirtió la organización internacional Article 19. El fenómeno refleja un patrón creciente de censura legal que amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información.
CDMX — En su informe titulado “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, la organización señaló que la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas, sino que se ha trasladado a los tribunales. Entre el 1 de enero y el 31 de julio se documentaron 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación sometidos a procesos legales. El promedio equivale a un nuevo caso cada cuatro días.
El dato supera ampliamente el récord de 2021, cuando se contabilizaron 40 procesos en todo el año. Ahora, en apenas siete meses, el número ya fue rebasado, lo que confirma el incremento de presiones legales para frenar la labor periodística. Article 19 advirtió que es preocupante la narrativa de actores políticos y figuras públicas que plantean un Poder Judicial más punitivo contra la prensa, lo cual convierte al marco legal en un instrumento de control faccioso.
Uno de los puntos más delicados del informe es el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). En lo que va de 2025, 25 de las 51 acciones judiciales fueron sustentadas en esta figura, que originalmente busca proteger los derechos de las mujeres en la política, pero que está siendo empleada para amedrentar y censurar tanto a periodistas como a ciudadanos críticos. Según la organización, los órganos electorales y tribunales han mostrado una preocupante laxitud al admitir estos recursos, incluso cuando se evidencia su carácter de censura.
El hostigamiento judicial contra la prensa en México se suma a un entorno ya marcado por la violencia física, la estigmatización y la impunidad. Para Article 19, el crecimiento de demandas y procedimientos legales constituye una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión, principio que sustenta toda sociedad democrática.
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