⚠️ La 4T reactivó el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno. El golpe no solo apunta al dirigente del PRI, sino que acelera la fragmentación del partido y su captura residual por Morena rumbo a 2027. 🧨

RG RevistaLa trayectoria de pactos, rupturas y chantajes legislativos entre Alejandro “Alito” Moreno y el régimen de la 4T ha entrado en fase terminal. Con la nueva solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía de Campeche —avalada con rapidez inusual por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados— el mensaje es inequívoco: la protección política terminó, y ahora el líder priista será procesado.

El expediente, que lo acusa de peculado por 83 millones de pesos y usurpación de funciones durante su gestión como gobernador, no es nuevo. Pero el contexto sí lo es. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia marca un quiebre con el modelo de “voto o bote” que permitió a Moreno sobrevivir bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esa dinámica de canje —en la que el PRI apoyaba reformas (o se ausentaban legisladores en las sesiones de voto) a cambio de impunidad judicial— parece haber agotado su utilidad para Morena.

“Alito” pasó de ser pieza de negociación legislativa a un activo tóxico para el nuevo reordenamiento político de la 4T.
Terremoto en el PRI

La eventual caída de Alejandro Moreno no es sólo el colapso de un liderazgo personal: es un sismo que sacude los cimientos del PRI nacional. Su figura, aunque cuestionada, mantenía un control férreo sobre candidaturas, alianzas y estructuras estatales. Sin él, el partido entra en una fase de fragmentación que le impedirá consolidar liderazgos competitivos rumbo a 2027.

Además, la reactivación judicial no ocurre en el vacío. La ofensiva contra “Alito” coincide con el arranque del periodo legislativo en septiembre, cuando se discutirán las reformas estructurales de Claudia Sheinbaum, incluida la reforma electoral. El debilitamiento del PRI facilitaría la aprobación de estas reformas al romper el bloque opositor.

El PRI como botín

La fragmentación del PRI también abre la puerta a la captura política —si es que aún queda algún activo— por parte de Morena. En varios estados, operadores del oficialismo han logrado infiltrar estructuras priistas para dividirlas o neutralizarlas. El caso más evidente es Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta ha cooptado cuadros del PRI local y promueve alianzas con priistas desplazados para debilitar al PAN, por cierto con evidencia política de la captura de su dirigencia estatal con Mario Riestra Piña.

La operación tiene un doble propósito: desmantelar al PRI como fuerza opositora efectiva y absorberlo como estructura satélite de Morena a nivel estatal. Esta estrategia no solo dinamita el diseño original del frente opositor, sino que debilita gravemente su capacidad de competencia rumbo a las elecciones intermedias de 2027, cuando estarán en juego 16 gubernaturas, 500 diputaciones federales, la renovación de congresos locales, miles de alcaldías y, la continuación escalonada de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros federales.

¿Fin del chantaje legislativo?

Durante años, “Alito” Moreno utilizó su posición como dirigente nacional y legislador para negociar en dos frentes: respaldaba reformas a cambio de que se frenaran investigaciones judiciales en su contra. Pero ese modelo colapsó tras el fin del sexenio obradorista.

Ahora, en respuesta a la reapertura del expediente en su contra, Moreno ha contraatacado con denuncias penales contra Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Layda Sansores y varios gobernadores morenistas por presuntos vínculos con el crimen organizado. También ha firmado una exigencia pública para que Adán Augusto renuncie a su coordinación en el Senado.

El PRI ya evalúa si aún puede negociar votos a cambio de protección para su líder. Pero la velocidad del nuevo proceso sugiere que esta vez la “línea” es avanzar, no frenar.

En círculos cercanos al poder hay certeza de que Moreno estaría colaborando con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Si Alito se ha convertido en informante de Washington, esto podría haber acelerado la decisión de reactivarle el expediente. El oficialismo ha cerrado filas en torno a lo que califican como intervencionismo norteamericano y quien colabora con EE.UU. es visto como “traidor”, lo que justificaría la eliminación política definitiva del dirigente priista.