📹 Violencia, fraudes notariales y complicidad judicial: el Cártel del Despojo ya opera en San Andrés Cholula, donde siete familias fueron expulsadas de sus hogares tras un juicio simulado en Oaxaca. El Gobierno de Puebla confirma que jueces y notarios están involucrados. 🏚️⚖️
Puebla de Zaragoza, Pue. — “Ya mi hija, la vida sigue”, le advirtió un sujeto armado a una mujer que intentaba salvar a sus mascotas durante el despojo de su casa en San Andrés Cholula. Cercaron la calle, entraron por la fuerza, la sacaron como si fuera delincuente y metieron sus pertenencias en un camión. Todo, avalado por un notario y una orden judicial emitida desde otro estado.
Este no es un caso aislado. Se trata de una red criminal estructurada, conocida como el Cártel del Despojo, que usa juicios mercantiles simulados, violencia armada, complicidad notarial y protección judicial para robar propiedades con apariencia de legalidad. El gobierno de Puebla ya reconoció que hay jueces, magistrados y notarios coludidos.
El testimonio de las víctimas revela el patrón de operación. Desde 2022, un grupo armado comenzó a ocupar terrenos sin documentos, con personas vigilando día y noche. El 16 de julio, a las 7 de la mañana, ingresaron a la casa de una de las víctimas, sin previo aviso y sin mostrar papeles legales. La calle fue cerrada. Policías observaban sin intervenir.
La víctima, aún convaleciente de COVID, no pudo resistir. “Me sacaron como si fuera una criminal”, dice. Cuando intentó alejarse, fue interceptada por una camioneta sin placas. Un hombre bajó y, pistola en mano, la amenazó. “Eso no es un desalojo, eso es terrorismo inmobiliario”, comenta otra de las víctimas.
Uno de los casos refiere sobre un terreno, de 720 m², que fue adjudicado en un juicio mercantil simulado en Oaxaca. Un supuesto deudor y acreedor acordaron el pago con un bien inmueble… que no les pertenecía. Es la misma fórmula utilizada en al menos siete casos en San Andrés Cholula, donde familias completas han sido despojadas bajo argumentos legales falsos y con respaldo notarial.
En algunos casos, los afectados ni siquiera sabían que existía un juicio hasta que llegaron los camiones con personal armado, escoltados por documentos fraudulentos y sellos oficiales.
Gobierno de Puebla reconoce red criminal judicial
El 29 de julio, el gobernador Alejandro Armenta confirmó que el Cártel del Despojo —identificado previamente en Oaxaca— ya opera en Puebla. Y que lo hace con la complicidad de funcionarios judiciales.
Al iniciar la semana, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, fue más allá:
Este hecho viene a consecuencia de un acto jurídico simulado en Oaxaca. Fueron obligadas a entregar un predio donde habitan siete familias. Hemos estado dando acompañamiento jurídico a ellos. Hemos detectado en el distrito judicial de Cholula a jueces, magistrados (involucrados), y estamos detectando que han tenido participación y contacto con estos grupos que han realizado este tipo de acciones. Ya los tenemos detectados. Estamos armando perfectamente todo para poder proceder.
La revelación es gravísima: jueces y magistrados poblanos han sostenido contacto y posiblemente colaboración con esta red de despojo. Sin su participación —como facilitadores de sentencias express, notificaciones irregulares o validaciones judiciales— estos crímenes serían imposibles.
Ante la presión social, el gobierno anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal. La mesa jurídica está integrada por la Consejería Jurídica del Estado y se trabaja a petición directa del gobernador.
Entre las figuras a sancionar están:
- Quienes simulen tener un cargo público para cometer fraudes.
- Quienes suplanten la identidad de un propietario legítimo o su representante legal.
- Y —en palabras textuales— a quienes participen dentro de las notarías y se presten a cometer estos actos.
También se contempla una pena de hasta 12 años de cárcel para los organizadores de invasiones, y una agravante si los implicados son funcionarios públicos.
Con justa razón los afectados exigen cárcel a jueces y notarios corruptos
La simulación jurídica no es un error: es un delito. La complicidad de jueces y notarios no debe enfrentarse solo con reformas futuras, sino con acciones penales inmediatas. Los responsables ya fueron “detectados”, según el propio gobierno. ¿Por qué siguen en funciones?
No basta con promesas legislativas. Lo que las víctimas exigen —y la ley obliga— es justicia real: suspensión, investigación, proceso penal y cárcel para todos los funcionarios involucrados en estos crímenes.
“Denme lo mío. Lo que mis papás consiguieron con trabajo. Ellos no se lo robaron como esta gente”, clama una víctima del despojo. “Si no lo frenan, van a seguir ahí, sembrando miedo y robando más.”, señala otro afectado.
El Cártel del Despojo ha logrado algo que parecía impensable: usar al Estado para legalizar el robo. Y no lo hace solo: lo hace con la firma de jueces corruptos y notarios cómplices. La administración de Alejandro Armenta ya los identificó. Ahora tiene la obligación de actuar.
Si no hay castigo ejemplar, el mensaje será devastador: en Puebla, quienes juraron impartir justicia pueden robarte tu casa con total impunidad.
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