El IMSS reportó un aumento récord de 1.26 millones de empleos formales en julio. Pero no fue el resultado de una reactivación económica, sino de una imposición administrativa: miles de trabajadores de plataformas digitales fueron obligados a registrarse como formales, aunque siguen laborando sin derechos, sin seguridad y bajo condiciones de explotación.
Mexconomy / Región Global — La estadística fue presentada como un logro: 235,916,91 trabajadores registrados en julio de 2025, un repunte histórico de más de 1.2 millones en solo un mes. El gobierno lo vendió como evidencia de que el empleo formal crece. Pero en las calles de Puebla, los supuestos beneficiarios protestan.
“Ganamos 6 centavos por kilómetro. Uber se queda hasta con el 60% de cada viaje. Para que nos den seguro, tenemos que generar 20 mil pesos al mes. Eso nos obliga a manejar hasta 18 horas diarias”, denunció un conductor durante la manifestación frente a Casa Aguayo.
La protesta fue organizada por trabajadores de Uber, DiDi y apps de reparto. Reunidos en un plantón frente al Poder Ejecutivo estatal, presentaron un pliego petitorio que exige, entre otras cosas, regulación local, tarifas justas, verificación de usuarios y prestaciones sin topes de productividad.
En lugar de mejorar sus condiciones, la llamada “formalización” impuesta por decreto ha traducido la precariedad digital en una formalidad ilusoria. Quienes antes eran invisibles para el sistema, hoy aparecen en los registros del IMSS. Pero no tienen contrato, no tienen estabilidad, no tienen derechos reales.
Los datos lo ilustran con crudeza: el número de trabajadores eventuales pasó de 2,796,418 en junio a 4,079,171 en julio. Es decir, 1.28 millones de nuevos registros en un mes, impulsados por la incorporación forzada de repartidores y conductores a la seguridad social. La mayoría sigue operando bajo esquemas sin protección ni garantía.
“Nos piden antecedentes, placas, revisiones. Pero cualquier usuario puede crear una cuenta falsa con un chip nuevo. No hay verificación real. Nos están asaltando, nos están matando. Nadie responde”, relató otro conductor. La ausencia de controles ha convertido la inseguridad en parte estructural del trabajo diario.
Este modelo, que combina precariedad y tecnificación, no es nuevo. Pero ahora se maquilla con un manto de legalidad. El resultado es un nuevo tipo de engaño laboral: formalización sin formalidad, donde los trabajadores pagan cuotas, pero no acceden a derechos; aparecen en los datos, pero no en las decisiones.
Lejos de dignificar el trabajo, la afiliación obligatoria ha generado nuevos costos para los trabajadores —que deben absorberlos— y para los usuarios —que enfrentan tarifas más altas—, mientras las plataformas siguen operando sin regulación sustantiva ni rendición de cuentas.
La paradoja es brutal: lo que antes se llamaba autoempleo, hoy se presenta como empleo formal. Pero quienes lo viven, lo nombran de otra forma: autoengaño institucionalizado. Sin derecho a descansar, sin control sobre sus ingresos, sin seguridad real, la única certeza es la exigencia diaria de producir más para no ser expulsados del sistema.
“Nos dicen que ya somos formales. Pero seguimos solos, igual de explotados, igual de vulnerables. Solo que ahora pagamos cuotas. Eso es todo”, concluyó un repartidor. Para el IMSS es una cifra histórica. Para ellos, es solo la continuidad de la miseria, con un folio oficial.
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