Aranceles, extradiciones y designaciones terroristas reescribieron las reglas y la relación bilateral entró en 2025 con un péndulo que ya no oscila: se mueve a pulso de seguridad nacional. Desde Washington, Donald Trump combinó coerción económica con herramientas de guerra jurídica y militar. Desde Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aceptó cooperación acelerada, blindó la soberanía en el discurso y, en los hechos, entregó resultados.
InfoStockMx / RG — La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un periodo marcado por presiones comerciales, exigencias en materia de seguridad y un trasfondo político que trasciende la coyuntura. Detrás del "diálogo", las reuniones diplomáticas y las declaraciones públicas, se desarrolla una dinámica en la que la desconfianza mutua y las agendas internas de cada país condicionan el rumbo bilateral.
Recientemente, el primer elemento visible fue la decisión de Washington de postergar, durante noventa días, la imposición de aranceles a productos mexicanos. Aunque en México se presentó como un triunfo comercial, en realidad fue un respiro cargado de exigencias políticas: el plazo se otorgó como ultimátum para que México firmara una propuesta de seguridad conjunta contra el crimen organizado. De ese modo, la política económica se convirtió en una herramienta de presión para lograr compromisos en el terreno de la seguridad.
Seguridad "compartida"
A partir de este punto, la estrategia estadounidense quedó delineada con claridad. Una orden ejecutiva autorizó a sus fuerzas armadas e instancias de inteligencia a ampliar su radio de acción con el argumento de combatir a organizaciones criminales consideradas como amenazas internacionales. Aunque el discurso oficial mexicano insistió en que la soberanía no estaba en juego, la letra del documento sugería una visión distinta: se abría la puerta a operaciones conjuntas bajo la premisa de enfrentar a grupos equiparados con entidades terroristas.
Este viraje coincidió con una serie de extradiciones y entregas de capos de alto perfil que, sumadas en conjunto, han configurado un escenario inédito. Más de medio centenar de figuras del crimen organizado se encuentran ahora bajo custodia estadounidense, y cada una de ellas representa una pieza dentro de un rompecabezas mayor. La expectativa es que, en su intento por reducir sus condenas, muchos colaboren con las autoridades norteamericanas ofreciendo información que podría redefinir la comprensión de las redes criminales en ambos lados de la frontera.
Entre los nombres entregados destacan operadores financieros y antiguos líderes de organizaciones regionales que, durante décadas, fueron actores centrales en la distribución de drogas y en el control de territorios estratégicos. Su conocimiento de estructuras financieras y alianzas transnacionales convierte su testimonio en un recurso de alto valor. En paralelo, el despliegue de tecnología militar, como drones de vigilancia sobre estados mexicanos, alimenta la percepción de una intervención cada vez más directa por parte de Washington.
Visas canceladas: de alcaldes a gobernadores
En el terreno político, una de las expresiones más visibles de la postura estadounidense ha sido la revocación de visas a funcionarios y familiares de alto perfil en México.
En Nuevo Laredo, la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas y su esposo, Óscar Mario Hinojosa Ramírez —exdirector de la Policía Judicial de Tamaulipas durante el gobierno de Tomás Yarrington— fueron notificados en la frontera de que ya no eran bienvenidos en Estados Unidos. La cancelación de sus visas marcó un episodio de alto simbolismo, pues la morenista acababa de participar en un evento de la ONU en Nueva York, donde fue presentada como representante de alcaldes mexicanos.
En Mexicali, la también morenista Norma Alicia Bustamante enfrentó la misma dinámica: su esposo, Luis Samuel Guerrero, fue retenido en la garita de Calexico y despojado de su visa. Aunque Bustamante aseguró que la suya sigue vigente, la sospecha sobre una medida también en su contra quedó abierta.
El caso escaló aún más en Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció públicamente la revocación de su visa y la de su esposo, el funcionario estatal Carlos Torres Torres. La mandataria estatal interpretó la medida como un golpe político y expresó su respaldo incondicional a Torres, mostrando cómo el ámbito privado y público se cruzan en un mismo acto de sanción diplomática.
El fantasma de Kiki Camarena y el caso Bartlett
El eje más delicado, sin embargo, no son las visas, sino la presión judicial por el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara.
El exsecretario de Gobernación y exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sigue bajo la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Corte del juez Frederick Block, en Brooklyn, prepara la presentación de pruebas que lo vinculan con la tortura y asesinato de Camarena y de su piloto, Alfredo Zavala. El tema recobró fuerza luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera en México, dirigida por Omar Reyes Colmenares, ordenara congelar las cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez (hijo de Bartlett) y de Julia Abdalá Lemus (pareja del exfuncionario).
El caso conecta con un antecedente inmediato: la extradición en febrero de Rafael Caro Quintero, también implicado en el crimen de Camarena, entregado por el gobierno de Claudia Sheinbaum pese a la negativa que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador había mantenido México. Para Washington, Caro fue un objetivo estratégico, pero Bartlett es, según fuentes de la DEA, la "pieza que falta" para cerrar la Operación Leyenda.
Extradiciones masivas: de "La Tuta" a "El Cuini"
El otro frente visible en la relación bilateral son las extradiciones masivas de capos mexicanos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este año que ya tiene bajo custodia a 26 figuras relevantes del narcotráfico, entregados por el gobierno mexicano.
Entre los nombres destacan Servando Gómez Martínez, "La Tuta", exlíder de los Caballeros Templarios; Juan Carlos Félix Gastelum, "El Chavo Félix", yerno de Ismael "El Mayo" Zambada; y Pablo Edwin Huerta Nuno, "El Flaquito", señalado como uno de los operadores más violentos de la Plaza de Tijuana. También fue trasladado Abigael González Valencia, "El Cuini", cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Otros extraditados incluyen a Roberto Salazar, acusado de asesinar a un policía del condado de Los Ángeles en 2008; Daniel Pérez Rojas, "El Cachetes"; José Francisco Mendoza; Martín Zazueta Pérez, "El Piyi"; Kevin Gil Acosta, "El 200"; y David Fernando Vásquez Bejarano, "El Acelerado", entre otros. La lista completa, con nombres como Enrique Arballo Talamantes, Benito Barrios Maldonado y Leobardo García Corrales, "Leo", refleja la magnitud de la operación binacional.
El gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas incluso se vio obligado a aclarar públicamente que José Francisco Gómez Mendoza, uno de los extraditados, no tenía contratos con su administración, pese a los señalamientos que lo vinculaban con las constructoras JF Construyendo y Megamax.
La narrativa de 2025 muestra que la relación bilateral ya no se limita a las negociaciones comerciales o migratorias. Estados Unidos ejerce su poder político y judicial directamente sobre actores locales mexicanos —gobernadores, alcaldes, esposos, empresarios y viejos exfuncionarios— mientras México responde con extradiciones, congelamientos de cuentas y declaraciones públicas de deslinde.
Los nombres de Carmen Lilia Cantú Rosas, Óscar Mario Hinojosa Ramírez, Norma Alicia Bustamante, Luis Samuel Guerrero, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, Manuel Bartlett Díaz, León Manuel Bartlett Álvarez, Julia Abdalá Lemus, Servando Gómez Martínez, Abigael González Valencia, Juan Carlos Félix Gastelum, Pablo Edwin Huerta Nuno y Roberto Salazar son apenas una muestra de la nueva etapa: la de un Estados Unidos que ya no sólo presiona desde Washington, sino que toma medidas concretas sobre individuos, exponiendo la fragilidad de la política mexicana frente a su vecino del norte.
En este 2025, la relación México–Estados Unidos se escribe con nombres propios y decisiones tajantes. El desbalance es evidente: mientras Washington avanza con sanciones, cancelaciones de visas y juicios, México administra el costo político de aceptar las condiciones de cooperación que su vecino le impone.
Lo que está en juego no es sólo la cooperación inmediata, sino la definición de hasta dónde llega la soberanía mexicana en un marco de creciente vigilancia y control regional por parte de los Estados Unidos.
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