Washington sancionó a cuatro mexicanos y trece empresas de Puerto Vallarta por operar un esquema de estafa en la compraventa de tiempos compartidos que, según el gobierno estadounidense, sirve para diversificar los ingresos del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

InfoStockMx — La maniobra, articulada con la OFAC del Departamento del Tesoro y en coordinación con FBI, DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, apunta a una industria que durante años fue considerada turismo puro y hoy se ha convertido —según las autoridades— en un renglón rentable para el crimen organizado.

El expediente describe un circuito de engaños telefónicos y por correo orientado principalmente a adultos mayores de Estados Unidos. Se presentan como “corredores”, “abogados” o “representantes” que prometen vender o recuperar tiempos compartidos a cambio de pagos por supuestos “impuestos” y “comisiones” que jamás retornan. En una segunda vuelta, llegan falsos funcionarios o litigantes que ofrecen cobrar lo perdido a cambio de nuevos depósitos: doble victimización con fachada legal.

Entre 2019 y 2023, casi 6 mil afectados en Estados Unidos reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares, de acuerdo con cifras citadas por el FBI. El Tesoro sostiene que el CJNG utiliza estas estafas, junto con otros negocios ilícitos —como el robo de combustible—, para complementar el narcotráfico y mantener flujos de efectivo fuera del circuito bancario tradicional.

La sanción alcanza a trece compañías con sede en Puerto Vallarta y a cuatro personas señaladas de operar la maquinaria financiera detrás de las llamadas, cobros y transferencias. Las medidas —emitidas bajo órdenes ejecutivas— congelan activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con ciudadanos o entidades de ese país, un candado que pretende asfixiar la infraestructura económica del entramado.

El Tesoro advierte a propietarios y compradores potenciales de tiempos compartidos en México que extremen la verificación de identidad y antecedentes, y desconfíen de ofertas no solicitadas o de presiones para pagar “cuotas” inmediatas. El patrón detectado revela contratos o gestiones apócrifas, cobros por adelantado y el uso de nombres, sellos y dominios de internet diseñados para simular despachos y autoridades.

Según la designación difundida por Estados Unidos, los tres miembros de mayor rango del CJNG vinculados al fraude de tiempos compartidos son Julio César Montero Pinzón (“Montero”), Carlos Andrés Rivera Varela (“Rivera”) y Francisco Javier Gudiño Haro (“Gudiño”). “Estos tres individuos también han formado parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre”, señala el comunicado oficial.

Más allá del impacto mediático, el movimiento busca morder la cadena de valor del crimen en un terreno menos visible que el trasiego de drogas: la explotación de la confianza en el mercado de tiempo compartido. Si funciona, el golpe no solo desacopla cuentas y empresas pantalla; también expone la evolución empresarial del cártel en sectores donde la víctima ideal es una persona mayor con patrimonio, correo electrónico y la promesa de vender “rápido y sin complicaciones”.