Con 43.4 % de su población en pobreza multidimensional en 2024, Puebla es el quinto estado más pobre del país. Las cifras del INEGI y los diagnósticos previos del Coneval revelan que su atraso responde a un entramado de rezagos productivos, aislamiento territorial y debilidades institucionales que se han perpetuado durante décadas.
Puebla de Zaragoza, Pue. — El reciente informe del INEGI sobre pobreza multidimensional coloca a Puebla en una posición crítica: 43.4 % de sus habitantes —casi la mitad— vive en condiciones de pobreza, por encima del promedio nacional (29.6 %). En pobreza extrema, el estado concentra 9.5 % de su población, en un rango que lo mantiene entre las entidades con mayores carencias sociales.
Este panorama no es nuevo. En agosto de 2024, el Coneval ya había advertido que Puebla forma parte de un corredor histórico de rezago que comparte con Oaxaca y Guerrero, donde convergen factores estructurales de pobreza rural y urbana. La Mixteca, que se extiende entre estos estados, es una de las regiones con más alto rezago socioeconómico del país, marcada por bajos ingresos, limitada diversificación productiva y ausencia de infraestructura estratégica.
El diagnóstico del Coneval señalaba que más del 82 % de los municipios en zonas de concentración de pobreza pertenecen a Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas. En el caso poblano, la economía de estos territorios descansa casi exclusivamente en el sector primario, especialmente en agricultura de temporal, vulnerable a variaciones climáticas y con escasa tecnificación. La falta de infraestructura es otra traba: 1 de cada 4 municipios de Puebla, Oaxaca y Veracruz presentaba entre 40 % y 100 % de población con bajo o muy bajo acceso a carreteras pavimentadas, lo que limita el comercio, la movilidad y el acceso a servicios básicos.
El rezago no se limita al campo. Puebla también concentra pobreza en áreas urbanas, con cinturones marginales que rodean ciudades como la capital y Tehuacán. La urbanización desordenada y la expansión sin planeación han generado barrios con carencias en servicios públicos, baja conectividad y un débil entramado de oportunidades laborales formales, lo que perpetúa la dependencia del comercio informal y del trabajo precario.
En derechos sociales, las cifras del INEGI revelan vulnerabilidades estructurales: más de un tercio de la población padece carencia por acceso a la seguridad social, y cerca de uno de cada cinco presenta rezago educativo. Aunque las carencias por servicios básicos en la vivienda y por acceso a la alimentación han disminuido a nivel estatal, el ritmo es más lento que en otras regiones, lo que evidencia una débil capacidad de respuesta institucional.
El contraste con estados de mejor desempeño es notable. Mientras Baja California o Nuevo León han logrado reducir la pobreza por debajo del 11 %, Puebla continúa atrapada en un círculo vicioso donde los rezagos productivos, el aislamiento territorial y la débil articulación de políticas públicas se refuerzan mutuamente. La persistencia de esta brecha socioeconómica cuestiona la eficacia de las estrategias estatales y federales para integrar a Puebla a las dinámicas de desarrollo nacional.
En este contexto, los especialistas coinciden: romper el estancamiento de Puebla exige mucho más que programas asistenciales. Requiere inversión sostenida en infraestructura, diversificación productiva, impulso a cadenas de valor regionales y fortalecimiento institucional para garantizar que los derechos sociales dejen de ser una estadística pendiente.
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