Cinco mecanismos de derechos humanos de la ONU enviaron el 4 de junio de 2025 una carta al gobierno mexicano expresando preocupación por la crisis de desapariciones y hechos recientes en Jalisco; hasta ahora, no han recibido respuesta oficial.

CDMX — El pronunciamiento, firmado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, la Relatora Especial sobre defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, se centra en hallazgos de presuntos crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco, atribuidos a grupos delictivos.

En el documento, los expertos advierten sobre riesgos para buscadores y defensores que participan en labores de localización, la persistencia de la crisis forense y la ausencia de garantías de protección para quienes trabajan en el rastreo de personas. También expresan inquietud por reformas legislativas recientes que, a su juicio, podrían afectar el proceso de búsqueda y localización de desaparecidos.

La carta solicita a las autoridades mexicanas información detallada sobre las medidas adoptadas para investigar estos hallazgos, proteger a las personas en riesgo y garantizar que las reformas no limiten derechos ni obstaculicen el trabajo de búsqueda. Sin embargo, dos meses después de su envío, no ha habido pronunciamiento ni respuesta oficial del Estado mexicano.

El silencio gubernamental es evidente. Lo que sigue en duda es si esta omisión se traducirá en tensiones diplomáticas y mayor escrutinio internacional o si, como en casos previos, quedará como un llamado sin consecuencias prácticas para la política interna sobre desapariciones.