En los últimos meses, Morena ha impulsado un proceso masivo de afiliación en todo el país para fortalecer sus bases electorales de cara a futuros comicios. Sin embargo, este proceso, que en apariencia fortalece al partido, ha revelado tensiones internas, opacidad financiera y conflictos de poder que ponen en riesgo la cohesión del movimiento.
Puebla de Zaragoza, Pue. — En Puebla, la meta es ambiciosa: afiliar a un millón de ciudadanos y conformar 2,904 comités seccionales, además de 217 comités municipales de Defensa de la Transformación. Para lograrlo, Morena ha desplegado una estructura oficialista de 26 delegados de Enlace Territorial, cada uno con seis coordinadores de ruta, sumando 156 coordinadores adicionales. Esta maquinaria busca acelerar la afiliación y consolidar el poder territorial del partido.
Pero esta estructura no está contemplada en los estatutos oficiales de Morena, lo que genera dudas sobre su legalidad, transparencia y financiamiento.
Los costos son elevados. El periodista Rodolfo Ruiz de e-consulta.com ha revelado que cada delegado de Enlace Territorial recibe un pago mensual de 30,000 pesos, mientras que cada coordinador de ruta percibe 8,000 pesos. Esto implica un gasto mensual conjunto de más de 2 millones 28 mil pesos para mantener operativa esta red.
Lo alarmante es que ni el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Luisa María Alcalde Luján, ni el Comité Estatal bajo la presidencia de Olga Lucía Romero Garci-Crespo, parecen financiar estos pagos, lo que ha llevado a especulaciones fundadas sobre la posible utilización de recursos públicos provenientes del gobierno estatal.
Los indicios no son menores. En reuniones recientes realizadas en espacios oficiales, como el Edificio Ejecutivo del Centro Integral de Servicios y Casa Puebla, el gobernador Alejandro Armenta convocó a los futuros delegados y coordinadores, muchos de ellos con pasado priista o vinculados a su campaña y administración.
En estas reuniones, Armenta planteó metas y anunció el inicio de pagos a partir de julio, confirmando un vínculo estrecho entre el gobierno estatal y la estructura partidista de Morena.
Sin embargo, esta estructura oficialista ha generado un fuerte malestar dentro de Morena en Puebla. Los consejeros estatales, coordinadores operativos territoriales (COTs) y miembros fundadores denuncian marginación y desplazamiento por “ex priistas”. Mientras los delegados y coordinadores nombrados por el gobernador cuentan con mayores recursos y apoyo, los cuadros históricos enfrentan falta de oportunidades y se les asignan responsabilidades sin compensación.
La presencia mayoritaria de actores provenientes del PRI y la subordinación directa de los nuevos cuadros al gobernador y al secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, exacerban el rechazo y cuestionan la autonomía e identidad de Morena.
En este contexto, Luisa María Alcalde Luján visita Puebla para supervisar el proceso de afiliación y la formación de los comités seccionales. Aunque se reunirá con diputados y consejeros estatales, la exclusión de la militancia general puede limitar la percepción de transparencia y participación.
Además, en esa reunión se abordará la continuidad de Olga Lucía Romero Garci-Crespo al frente del Comité Ejecutivo Estatal hasta 2027, una decisión que también genera expectativa y debate en la militancia.
El caso de Morena en Puebla desnuda una realidad incómoda: un partido que se autoproclama de izquierda, pero que en los hechos reproduce las prácticas más cuestionables del viejo régimen priista. Conflictos internos severos, opacidad en el manejo de recursos y la infiltración de cuadros ligados al poder estatal de origen priista no solo fracturan al partido, sino que ponen en entredicho su promesa de renovación. La posible utilización de dinero público para financiar estructuras paralelas no es un simple error administrativo, sino un síntoma de que, en Puebla, Morena está mutando en el PRI 2.0, una versión reciclada del sistema que se juró desaparecer.
Si Morena pretende consolidar su dominio electoral, no bastará con crecer en números: deberá enfrentar estos conflictos con decisión, implementar mecanismos reales de rendición de cuentas y abrir espacios de participación genuina para su militancia. De lo contrario, seguirá erosionando la confianza de sus bases y de la ciudadanía en general, entregando su futuro a la sombra del pasado que prometió dejar atrás. Después de todo, origen es destino, ¿no?
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