El gobierno de Alejandro Armenta asegura haber reducido la delincuencia en Puebla, pero los datos mensuales de la Fiscalía muestran que los delitos permanecen en niveles elevados y volátiles. La disparidad entre comunicados oficiales y cifras reales, sumada a sospechas de subregistro en casos graves como feminicidios, evidencia que la percepción de seguridad no refleja la realidad de Puebla.
Puebla de Zaragoza, Pue. — Desde su toma de protesta el 14 de diciembre de 2024, el gobierno de Alejandro Armenta ha difundido comunicados destacando operativos exitosos, detenciones de narcomenudistas, aseguramiento de hidrocarburo robado, armas, droga y vehículos, así como el despliegue coordinado de la SEMAR, DEFENSA, Guardia Nacional y policías municipales. El comunicado SSP 085/2025 resalta 252 acciones operativas recientes y la detención de 109 personas en pocos días, con énfasis en casos mediáticos para mostrar resultados tangibles.
Sin embargo, los datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla presentan un panorama distinto. Entre enero de 2024 y julio de 2025, los delitos mensuales fluctuaron entre 5,885 y 7,429, sin una reducción sostenida. Incluso, en marzo de 2025 se registró un pico significativo que contradice la narrativa oficial de disminución de criminalidad, señalando que los operativos puntuales no están logrando un impacto real.
El contraste entre los comunicados y las cifras reales evidencia una estrategia mediática: mientras que los operativos generan titulares visibles, representan solo una fracción marginal del total de delitos mensuales, dejando sin captar la mayoría de los crímenes y generando una percepción de eficacia que no corresponde a la realidad. La manipulación de estadísticas o el subregistro, especialmente en casos graves como los feminicidios, aumenta la desconfianza ciudadana y limita la rendición de cuentas.
Además, la estructura de los delitos revela problemas de fondo: la criminalidad no se reduce con detenciones aisladas ni aseguramientos puntuales. La incidencia persistente indica vacíos en prevención, inteligencia policial y políticas de seguridad integral, así como una falta de estrategias sostenibles que ataquen las causas sociales y económicas de la delincuencia.
En este contexto, los operativos en transporte público, centros penitenciarios o municipios específicos, si bien visibles, funcionan más como “acciones de exhibición” que como mecanismos efectivos de control delictivo. La brecha entre cifras oficiales y realidad refleja un fenómeno preocupante: la narrativa gubernamental construye una percepción de seguridad que no se traduce en una disminución real de la criminalidad, dejando a la ciudadanía expuesta y a los recursos públicos enfocados en resultados mediáticos más que en resultados reales.
La evidencia sugiere que para cambiar esta dinámica, Puebla requiere no solo operativos y detenciones visibles, sino políticas públicas integrales, transparencia estadística, rendición de cuentas y estrategias de prevención de largo plazo. Sin estas medidas, los comunicados oficiales seguirán siendo un reflejo parcial de la seguridad real, mientras la incidencia delictiva se mantiene elevada y los ciudadanos permanecen en un estado de vulnerabilidad constante.
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