Refugios para mujeres en Puebla: atención local pero la violencia persistente

🟣 Con 18 sedes en el estado, las Casas Carmen Serdán ofrecen atención integral a mujeres en situación de violencia. Pero en un contexto donde se registran casi mil delitos al mes, la pregunta sigue abierta: ¿alcanza?

Puebla de Zaragoza, Pue. — En lo alto de la colonia La Guadalupana, en la periferia sur de la capital poblana, una casona color violeta rompe con el gris del paisaje. Es una de las 18 sedes del modelo Centro LIBRE – Casa Carmen Serdán, que el gobierno estatal promueve como símbolo de atención a mujeres víctimas de violencia. Desde su inauguración el 24 de marzo, ha ofrecido más de 700 servicios individuales y recibido a más de 3 mil mujeres en talleres de desarrollo personal, alfabetización digital y autoempleo.

Estos centros, impulsados por el gobierno de Alejandro Armenta en coordinación con instancias federales bajo la administración de Claudia Sheinbaum, integran atención jurídica, psicológica y social. Son espacios operados por equipos multidisciplinarios —hasta 18 personas por sede— con instalaciones que incluyen consultorios, salones de talleres y auditorios para actividades comunitarias.

El esquema busca descentralizar los servicios públicos en materia de justicia de género, involucrando a dependencias como la Fiscalía General del Estado, el DIF estatal y los gobiernos municipales. La directora del centro en La Guadalupana, Jocelyn Sánchez Damián, destaca el fortalecimiento de redes comunitarias entre mujeres como uno de los logros principales del modelo.

“Nunca había sentido tanto respaldo en un espacio institucional”, afirma Astrid, usuaria del centro. “Aquí encontré un refugio donde sentirme segura”.

34 mil servicios, una violencia que no cede

Entre febrero y julio de 2025, las Casas Carmen Serdán han registrado:

6,461 atenciones brindadas por la Fiscalía.
2,112 carpetas de investigación iniciadas por violencia de género.
262 personas albergadas, desde menores de edad hasta adultos mayores.
15,055 participaciones en talleres de empoderamiento y autoempleo.

Pero estos esfuerzos coexisten con una estadística que aún alarma. En el primer semestre del año —sin contar feminicidios—, Puebla acumuló 5,793 delitos contra mujeres, con un promedio de 965 casos mensuales. Marzo fue el mes con más registros (1,047 delitos), mientras que junio marcó el mínimo (886).

Los números muestran una violencia persistente que no cede al ritmo de la infraestructura institucional. Si bien los refugios representan un avance frente a la ausencia histórica del Estado, no sustituyen políticas de prevención, sistemas de justicia eficaces ni la erradicación de factores estructurales como la impunidad o la dependencia económica.

Los Centros LIBRE se diferencian por su enfoque de atención cercana y comunitaria, con énfasis en el desarrollo de habilidades productivas.

Elizabeth, tallerista en una de las sedes, observa el cambio en las participantes: “Transforman su actitud cuando descubren que pueden generar ingresos. Eso cambia su vida”.

No obstante, la pregunta clave persiste: ¿es suficiente? Mientras el número de delitos permanece estable en niveles altos, el reto no solo está en ofrecer refugio, sino en garantizar condiciones estructurales de paz, autonomía y justicia.

Los refugios pueden salvar vidas, pero no sustituyen un sistema que funcione en todos los niveles. La paz, como repite el discurso oficial, se construye desde la comunidad. Pero para sostenerla, también se necesita construir desde el Estado.