Puebla, la ciudad de las contradicciones, es un tablero donde lo visible se aplaude y lo invisible se pudre. Como en toda ciudad de ángeles, lo que reluce arriba es apenas el reflejo de lo que duele abajo.
Avanza la pavimentación: ¿y las colonias?
Alejandro Armenta promete más de 4 mil calles pavimentadas para 2025, pero el contraste es brutal: la realidad de las colonias sigue marcada por baches que no entran en los listados oficiales. El gobernador vende la idea de ahorro y eficiencia —“pavimentamos a una tercera parte del costo”— gracias a maquinaria propia y a la mano extendida de Pemex.
Mientras la narrativa oficial se escribe en números que buscan titulares, la Puebla real no está en las grandes avenidas, sino en la esquina de la colonia donde el camión se atasca, la suspensión de un auto truena y los de a pie esquivan los baches.
Armenta sabe que la pavimentación en grande es propaganda; pero la ausencia en pequeño es lo que cobra factura política. Eso a Pepe Chedraui no le importa. Él está en lo suyo: el negocio. La política no se sostiene en avenidas de gala, sino en las calles olvidadas que raspan a la gente común.
Coparmex y la receta de la colaboración
Beatriz Camacho Ruiz y Coparmex Puebla anuncian 168 cámaras en 30 fraccionamientos; empresarios y gobierno se felicitan.
La historia oficial habla de “colaboración” y “pacto social”. Lo que no se dice es que detrás de cada cámara hay contratos, proveedores y empresas que facturan al calor del miedo. Coparmex se presenta como aliado del Estado. Preguntas: ¿cámaras donde el municipio no llega?, ¿botones de pánico que sustituyen patrullas ausentes? Nuevamente un nombre flota: Pepe Chedraui. ¿Qué hace Pepe Chedraui?
Más preguntas: si la seguridad depende de cámaras, ¿entonces Puebla camina hacia la paz o hacia la privatización de la tranquilidad?
Geografía del delito
Francisco Sánchez González revela un dato: 417 alarmas vecinales conectadas al C5. Pero en las colonias priorizadas la violencia sigue marcando territorio.
El vicealmirante convierte la seguridad en un tablero tecnológico: mapas de calor, alarmas, autobuses conectados. Pero los mismos “puntos” —San Pablo Xochimehuacán, San Francisco Totimehuacán, La Paz— aparecen una y otra vez como zonas rojas. El delito se repite porque las causas no cambian: pobreza, descomposición social y gobiernos locales ausentes.
Alarmas que suenan y patrullas que no llegan: esa es la ecuación perversa de un modelo que vende botones de pánico como sustituto de una política de seguridad de fondo.
Ambulantaje
Alejandro Armenta traza “línea roja” frente al ambulantaje; promete diálogo, pero advierte mano dura. El discurso se estira como liga: firmeza para la foto, ambigüedad para la gobernabilidad.
El gobernador sabe que los ambulantes son poder fáctico y distingue a los que venden baratijas de los que operan redes ilícitas bajo el disfraz del comercio. El mensaje es claro: no habrá tolerancia, pero tampoco confrontación abierta. Es el clásico equilibrio de quien sabe que el orden urbano puede estallar en cualquier esquina del Centro Histórico.
El discurso contra los ambulantes suena fuerte en conferencia; en la práctica, la liga se sigue estirando porque nadie quiere pagar el costo de romperla.
Presupuesto 2026: promesas vs. realidades políticas
José Luis García Parra anuncia hasta 5,500 millones de pesos adicionales para Puebla en 2026. La lista de prioridades: seguridad y agua. La lista real: votos y aliados.
La danza de las cifras se convierte en anzuelo para legisladores federales. Conagua y la Cámara de Diputados aparecen como ventanillas de proyectos, pero en el fondo se juega la capacidad del gobierno estatal para negociar con la bancada guinda y con los opositores que venden caro su aval. El discurso técnico —“cartera de proyectos, inversión multianual”— oculta lo evidente: el presupuesto ahora mismo es un campo de batalla donde se reparten pesos y poder.
La pregunta no es cuántos millones llegan, sino quién controla la llave de su aplicación.
Reforma electoral: Puebla como escenario
Alejandro Armenta da a conocer que Puebla será sede de la primera audiencia pública fuera de CDMX, pero aclara: “no hay documento rector”, sólo opiniones. El foro es caja de resonancia, no espacio de decisión.
El gobernador viste de honor lo que en realidad es trámite: una audiencia itinerante que dará micrófono “a todas las posturas”. Habrá discursos radicales, propuestas pintorescas y aplausos locales, pero ninguna decisión se tomará en Puebla. De hecho, la decisión ya está tomada y es la iniciativa que envió Claudia Sheinbaum (dixit Andrés Manuel López Obrador). La utilidad real es política: el evento convierte a la ciudad en escaparate y al gobernador en anfitrión de la pluralidad.
Deporte y paralímpicos: medallas que interpelan
Gaby “La Bonita” Sánchez celebra dos oros y una plata en la Paralimpiada Nacional. Los atletas poblanos brillan; la política se cuelga de sus medallas y aplaude.
Los nombres de Santiago Emiliano Mira Castillo, Moisés Domínguez y Gabriela Sánchez Ramírez llenan de orgullo al estado. Pero las preseas son también espejo incómodo: ¿hay estructura para formar más campeones o todo depende del esfuerzo personal y de la familia? El festejo oficial es efusivo. Ojalá se concrete la Universidad del Deporte y en ella haya cupo para los atletas paralímpicos.
Las medallas lucen bien en la vitrina, pero urge sembrar condiciones para que no sean excepción, sino regla. El deporte paralímpico merece más que discursos de ocasión.
Cultura de la denuncia o la culpa es del ciudadano
Alejandro Armenta insiste: “Denuncien, no hay omisión de nuestra parte”. El gobierno se exculpa y traslada la carga al ciudadano.
El gobernador describe diagnósticos: homicidios en motocicleta, riñas alcohólicas, extorsiones de rutina. La respuesta es siempre la misma: denuncien. Pero denunciar sin respuesta efectiva es sólo un acto de fe. El discurso gubernamental presume sensibilidad (“yo sí los escucho”), pero la población siente impotencia cuando el ciclo se repite: se reporta, se ignora, se archiva.
La línea es peligrosa: si el ciudadano se convierte en chivo expiatorio de la inseguridad, el Estado se exonera de su deber.
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