En Puebla, las manifestaciones no derriban gobiernos, pero los exhiben. Cinco protestas en un solo lunes bastaron para desnudar lo que los operadores oficialistas evaden: la Secretaría de Gobernación y la SEP estatal se han convertido en incubadoras de ingobernabilidad. No porque la calle arda, sino porque la gestión se ha vuelto insuficiente.
Gobernación: un cerebro político que perdió la memoria
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, no puede alargar los días, pero sí poner orden en su dependencia. Sin embargo, su oficina funciona más como una estación de bomberos que como un centro de inteligencia política. Apaga incendios sin atender las causas. Un día ofrece mano suave, al siguiente reparte garrote, y al final, el resultado es el mismo: la calle vuelve a llenarse. Su política de contención es una válvula de presión defectuosa: ya no libera tensiones, sólo las acumula.
Las marchas de la UPVA 28 de Octubre son el reflejo más claro de esa estrategia agotada. No se trata sólo de un reclamo por Meztli Sarabia Reyna o de un acto simbólico hacia Casa Aguayo. Es la demostración de que cuando el gobierno promete diálogo sin acuerdos, los movimientos con historia regresan a su territorio natural: la calle. Gobernación escucha, pero no atiende; cita, pero no resuelve. Presume diálogo, pero ejerce sordera selectiva.
En Tepeyahualco, un grupo de habitantes marchó hacia Granjas Karol para exigir claridad en los acuerdos y comunicación institucional. Aunque menor en tamaño, esa protesta evidenció un patrón: la desconexión entre las autoridades municipales y el territorio. Cuando los ciudadanos prefieren caminar kilómetros para exigir respuestas en vez de buscarlas en sus ayuntamientos, el problema no es de protesta, sino de presencia. Es el síntoma de una gobernación sin capilares, una estructura que ya no alcanza el pulso social. Y ahí, Aguilar Pala es también responsable, antes de que el gobernador Alejandro Armenta tenga que intervenir.
SEP: discurso sensible pero sordera burocrática
Del otro lado, la SEP Puebla, bajo el mando del profesor Manuel Viveros Narciso, enfrenta una crisis menos ruidosa, pero igual de corrosiva. Viveros, de raíces indígenas y trato cercano, encabeza una estructura que perdió ritmo y reflejos. Su equipo de gestión luce rebasado y más preocupado por intereses mezquinos (negocios, plazas, horas), que por atender las urgencias del magisterio. En los hechos, buena parte del control operativo recae en grupos sindicales que dictan los tiempos y las decisiones. Viveros habla de inclusión, pero su administración ejecuta la omisión.
Las protestas en Izúcar de Matamoros y las del Telebachillerato Comunitario lo confirman. Los primeros demandan revertir cambios que dejaron sin cobertura educativa a seis municipios; los segundos, tras once años de servicio, exigen basificación, salario justo y seguridad social. Ninguno salió a la calle por gusto: fueron empujados por la indiferencia.
La sierra se organiza y otras regiones escalan protesta
Mientras las dependencias intentan contener el malestar, una nueva oleada se anuncia. En la Sierra Nororiental, comunidades de Hueytamalco, Ayotoxco, Tenampulco y Teziutlán preparan una manifestación el 1 de octubre por la carretera Mohón–Teziutlán. Su advertencia es directa: “cerraremos las vías hasta que las autoridades den la cara”. Es la expresión más nítida de una obra pública mal gestionada: el pavimento se agrieta, pero también la confianza.
Lo más grave, sin embargo, ocurrió en Cañada Morelos, donde un grupo de encapuchados y armados bloqueó granjas avícolas acusando a los productores de “robarse la lluvia” con avionetas antilluvia. El hecho, además de absurdo desde el punto de vista científico, revela un deterioro más profundo: el vacío de autoridad que permite que cualquier grupo —sin rostro y con armas— imponga su propia versión de la verdad. Mientras las instituciones callan o improvisan, la desinformación se convierte en método de presión y la violencia simbólica en política pública. Si Gobernación no retoma el control territorial, los próximos bloqueos ya no serán por causas sociales, sino por supersticiones armadas.
El eco del descontento
Así, a menos de un año de haber asumido el cargo, el gobernador Alejandro Armenta Mier enfrenta un desafío que no proviene de la oposición, sino del propio engranaje burocrático. Los ángeles caídos (descartando casos conocidos) no son agitadores: son docentes, campesinos, vecinos y padres de familia que sólo exigen ser escuchados. No buscan derrocar al poder, sino recordarle que existen y que tienen demandas legítimas.
El riesgo no está en las marchas, sino en su eco: en la reiteración de que las instituciones que deberían escuchar ya no oyen. De ahí que en cada mañanera el gobernador Armenta les pida que “escuchen”, que “atiendan”. Samuel Aguila Pala es un hombre leal al gobernador de tiempo completo, pero Gobernación se ha vuelto un escritorio de control político y la SEP, un laberinto sindical. Si ambas dependencias no corrigen el rumbo, la protestas no vendrá de la calle, sino de sus pasillos.
En Puebla, cuando los ángeles protestan, es porque los demonios ya tomaron el cielo.
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