El vocero del PAN, Federico Döring, presentó a principios de septiembre ante la Fiscalía General de la República una denuncia que involucra a una docena de personajes ligados al huachicol fiscal y al crimen organizado. Entre los señalados aparecen Andy López Beltrán, Ricardo Peralta, Horacio Duarte y otros operadores que han pasado por las aduanas mexicanas.
CDMX — El movimiento del Partido Acción Nacional sorprendió al abrir un frente legal en el caso del huachicol fiscal. La querella encabezada por Federico Döring, vicecoordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, acusa a figuras cercanas a la actual administración federal de haber tejido una red de corrupción y contrabando de combustibles desde puertos y aduanas.
El señalamiento más delicado recae sobre Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusado de encabezar operaciones relacionadas con la importación de combustibles desde Texas y el traslado de crudo pesado de Tabasco hacia Estados Unidos. De acuerdo con los documentos presentados, el expediente que involucra a López Beltrán provendría de archivos de inteligencia militar y aduanera.
En la lista también aparecen exfuncionarios vinculados al sistema aduanero: Ricardo Peralta, quien transformó la estructura de aduanas durante el sexenio; Horacio Duarte, su sucesor y también criticado por presuntas irregularidades; y Juan Carlos Madero Larios, señalado en un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional como epicentro de corrupción en las aduanas. Este último, además, es cuñado de Tania Contreras, otra de las incluidas en la denuncia.
Los vínculos se extienden al Senado. El panista incluyó en su querella al legislador tamaulipeco José Ramón Gómez “Jr”, acusado por autoridades de inteligencia militar de operar en contubernio con Álex Márquez, número dos de aduanas bajo Rafael Marín Mollinedo, y con un personaje identificado como Luis Rivera, citado previamente en procesos judiciales en Estados Unidos.
El documento también recuerda la participación de Andy López Beltrán en megaproyectos como el Tren Maya, donde, según reportes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fue pieza clave en la asignación de contratos y en el uso de combustibles de procedencia ilícita. En ese contexto aparece también Amílcar Olán, señalado como prestanombres de López Beltrán, quien habría tomado el control de Grupo Industrial Proyecta tras la muerte de Augusto López Hernández, financiero de Tabasco.
La estrategia legal del PAN abre un nuevo capítulo en la disputa política. La denuncia fue interpuesta el mismo día en que el senador estadounidense Marco Rubio se encontraba en Palacio Nacional, lo que desató especulaciones sobre presiones externas. En cualquier caso, la jugada coloca en el centro del debate a un grupo de operadores que, hasta ahora, habían sido intocables dentro de la llamada Cuarta Transformación.
“No tienen que buscar demasiado, vayan a los archivos de la Sedena y a los registros de inteligencia militar”, señaló Döring al presentar el expediente. Con ello, el panista retomó un papel que lo ha acompañado desde hace dos décadas, cuando fue protagonista en la revelación de los videoscándalos de René Bejarano.
La querella no solo expone una posible red de huachicol fiscal con ramificaciones políticas, sino que amenaza con abrir una investigación de alto impacto en la antesala de los reacomodos internos de Morena y del propio Gobierno federal. Las piezas, de acuerdo con el PAN, ya están en los expedientes; ahora, el desenlace depende de la FGR.
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